El abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una solicitud de medida cautelar de urgencia para impedir que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026. La acción legal se inscribe en el marco de un control de nulidad electoral contra la Resolución de la Sala Plena del CNE N° E-3181 del 24 de junio de 2026, que declaró formalmente la elección del mandatario para el período 2026-2030. Según el accionante, De la Espriella no reúne las condiciones mínimas de aptitud para gobernar, al promover violencia, hacer apología del delito y del genocidio, hostigar por razones políticas y proponer sepultar el Acuerdo de Paz con las Farc.
La demanda, que ya había sido promovida con anterioridad, cuenta con un respaldo ciudadano sin precedentes: más de un millón 120 mil colombianos se han sumado como coadyuvantes, solicitando al alto tribunal que examine la legalidad de la elección. Pérez explicó que no se trata de inhabilidades tradicionales para ser presidente, sino de la aptitud moral y democrática del elegido. “No estamos hablando de las inhabilidades para ser presidente de la República, estamos hablando de su aptitud. Estamos hablando de que ha hecho toda una campaña en torno a generar hechos de violencia política, amenazas, hostigamiento por razones políticas, instigación a delinquir, apología del genocidio, incluso en esa relación estrecha que tiene con el régimen genocida de Netanyahu en Israel”, afirmó el jurista.
Los argumentos de la demanda
La solicitud de medida cautelar de urgencia busca que el Consejo de Estado se pronuncie antes del 7 de agosto para evitar que De la Espriella asuma el poder. Pérez calificó al presidente electo como “indigno de ejercer” el cargo y advirtió sobre el riesgo de que Colombia transite “por los caminos de una violencia atroz, de la desinstitucionalización del país y de la sepultura de su régimen democrático”. En su escrito, el exmagistrado del CNE destaca que De la Espriella ha anunciado la eliminación de 229 cargos en el Estado como parte de una política de austeridad, lo que implicaría un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales, según las propias declaraciones del mandatario electo. “La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, manifestó De la Espriella.
«Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la gravedad de estos hechos e impida que Colombia vaya a transitar por los caminos de una violencia atroz, de la desinstitucionalización del país y de la sepultura de su régimen democrático»
Luis Guillermo Pérez, abogado y exmagistrado del CNE
Uno de los puntos centrales de la impugnación es la intención de De la Espriella de eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, así como otras dependencias cuyas funciones pasarían a ser asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Para Pérez, esta decisión viola el bloque de constitucionalidad que respalda el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Asimismo, critica la postura del presidente electo frente a Israel, al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas durante el gobierno de Gustavo Petro, y su cercanía con el gobierno de Benjamin Netanyahu, al que Pérez califica de “régimen genocida”.
La medida cautelar de urgencia presentada por Luis Guillermo Pérez representa el último recurso jurídico antes de la posesión para evitar que Abelardo de la Espriella asuma el poder. El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, deberá decidir en los próximos días si concede o no la solicitud, en medio de una creciente movilización ciudadana que respalda la demanda de nulidad electoral.
