El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, salió al paso de las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien propuso que el Ministerio del Trabajo priorice la orientación y la prevención sobre las sanciones a los empleadores. En un debate que ha tomado fuerza en los últimos días, Palma defendió las funciones de inspección y sanción como herramientas esenciales para equilibrar la relación laboral, amparado en la Ley 1610 de 2013 y el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El presidente De la Espriella, en una intervención ante funcionarios de la cartera laboral el pasado 27 de octubre, ordenó un giro en la política de la entidad. “Mi Gobierno quiere que este ministerio acompañe a las empresas, las ayude a prevenir errores, las oriente y les colabore en la construcción de soluciones. Colombia necesita confianza entre los trabajadores y los empresarios”, señaló el mandatario, quien además anunció una política nacional de empleo formal con reuniones semanales con la ministra de Trabajo, Natalia López, para medir avances. En otra alocución, De la Espriella subrayó que “formalizar a punta de incentivos y oportunidades, que es ciertamente diferente”, apostando por un modelo de acompañamiento en lugar de la fiscalización punitiva.
La respuesta de Edwin Palma no se hizo esperar. A través de declaraciones públicas, el exministro recordó que el artículo 3 de la Ley 1610 de 2013 define al inspector de Trabajo como “autoridad de policía del trabajo”, y que Colombia, al haber ratificado el Convenio 81 de la OIT, tiene la obligación de velar por la aplicación efectiva de las normas de protección laboral. “El trabajador es la parte débil”, afirmó Palma, argumentando que la asimetría inherente a la relación laboral exige una intervención equilibradora por parte del Estado, que no puede renunciar a su potestad sancionatoria.
Como respaldo a su postura, Palma citó un estudio de la Universidad de los Andes de 2021, según el cual “en Colombia, la ley laboral no se cumple o se cumple muy poco y es un mejor negocio incumplir la ley laboral que cumplirla”. La investigación añade que “las condenas irrisorias promueven el incumplimiento de la ley”, lo que para el exministro refuerza la necesidad de mantener un sistema de fiscalización con capacidad sancionatoria efectiva. No obstante, aclaró que el mecanismo estatal ya contempla una instancia previa de requerimiento, plazo y orientación antes de aplicar sanción, si el incumplimiento persiste.
“El trabajador es la parte débil”
Edwin Palma Egea, exministro de Minas
“Mi Gobierno quiere que este ministerio acompañe a las empresas, las ayude a prevenir errores, las oriente y les colabore en la construcción de soluciones. Colombia necesita confianza entre los trabajadores y los empresarios”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, 27 de octubre
Frente a la controversia, el Ministerio del Trabajo salió a aclarar que mantendrá sus tareas de inspección, pero que incorporará herramientas de orientación previa para empleadores, en línea con la visión del presidente De la Espriella. Entre las prioridades mencionadas en un comunicado oficial, se destacan el desarrollo de estrategias diferenciadas para el campo y las microempresas, la simplificación de procesos de afiliación y cotización, y la articulación institucional para ampliar el acceso a capacitación, crédito y tecnología. El debate queda abierto, mientras el Gobierno busca conciliar la necesidad de formalización laboral con la protección efectiva de los derechos de los trabajadores.
