El expresidente Álvaro Uribe Vélez se presentó este viernes 4 de septiembre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria en el marco de tres investigaciones judiciales que lo vinculan con la promoción de estructuras paramilitares y su presunta implicación en las masacres de El Aro y La Granja, así como en otros hechos de violencia ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998. El exmandatario, quien ocupó la gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997 y posteriormente la Presidencia de Colombia entre 2002 y 2010, llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá a las 9:00 de la mañana, luego de ofrecer una breve rueda de prensa en la que se refirió a las acusaciones en su contra.
Las investigaciones que llevaron a la citación de Uribe se centran en su gestión como gobernador de Antioquia, período en el que, según los expedientes judiciales, habría promovido la acción de grupos paramilitares. Entre los casos que se le imputan están la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996 con un saldo de cuatro campesinos asesinados; la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997, donde perdieron la vida 17 personas y cientos de habitantes fueron desplazados; y la masacre de San Roque, registrada entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996. Además, la Fiscalía investiga la desaparición de cuatro personas en septiembre de ese mismo año y de ocho comerciantes en agosto de 1996 en los municipios de Maceo y Puerto Berrío. Uno de los expedientes señala la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, como un lugar vinculado con los autores de la masacre de San Roque.
La declaración de Uribe ante la justicia
En su intervención pública antes de ingresar al búnker, el expresidente afirmó que acudía a la citación con un sentimiento de dolor por lo que consideró una injusticia contra su hermano Santiago Uribe Vélez, condenado por su relación con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. “En lugar de caer en la rabiosa actitud del diente por diente y el ojo por ojo, acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, condenado por quienes no supieron más allá del comité de acusadores y de mis adversarios políticos”, declaró el exmandatario. En un tono lamentándose, Uribe también expresó: “Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido un asesino. El temor que me afecta no deteriora mi amor y lucho por Colombia, que permanece por encima de amores y dolores”. Estas palabras fueron pronunciadas momentos antes de que ingresara a la sede de la Fiscalía para rendir su indagatoria, en un proceso que también investiga su presunta relación con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El contexto de las acusaciones
Los hechos investigados se enmarcan en el conflicto armado colombiano y la lucha contrainsurgente de la década de 1990, una época marcada por la expansión de grupos paramilitares en Antioquia y por denuncias de colaboración entre estos y autoridades locales. Durante su gestión como gobernador, Uribe es señalado de haber promovido la creación y el accionar de estas estructuras ilegales como parte de una estrategia de seguridad. Los tres procesos judiciales que ahora se adelantan en su contra buscan reconstruir episodios de violencia paramilitar ocurridos entre 1996 y 1998, y pretenden esclarecer el grado de responsabilidad del expresidente en los crímenes que se le imputan. La indagatoria de este 4 de septiembre de 2026 constituye un capítulo crucial en el largo historial de investigaciones que han rodeado la figura de Álvaro Uribe Vélez, quien insiste en su inocencia y en que las acusaciones responden a una persecución política.
