Un ciudadano extranjero de 39 años, que se hacía pasar por sacerdote para solicitar dinero a conductores en Medellín, fue expulsado de Colombia por Migración Colombia el pasado 17 de septiembre de 2026. El hombre, cuya identidad no fue revelada, utilizaba una sotana y otros ornamentos religiosos para aparentar pertenecer al clero mientras se acercaba a vehículos en la Avenida Regional, ofreciendo bendiciones a cambio de pagos. La situación generó múltiples denuncias ciudadanas en redes sociales, donde se compartieron videos virales que evidenciaban la actividad fraudulentas y las afectaciones a la movilidad en el corredor vial.
El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, explicó que el extranjero ya había realizado la misma práctica en la autopista Sur de Bogotá, pero tras ese antecedente salió del país y luego regresó para instalarse en Medellín, donde retomó la actividad. Las autoridades lograron localizarlo gracias a los videos difundidos en redes sociales, fue llevado al Centro de Traslado por Protección de la Secretaría de Seguridad de Medellín y posteriormente puesto a disposición de Migración Colombia, que aplicó la medida administrativa de expulsión. “La misionalidad de Migración Colombia es contribuir al orden migratorio y aplicar las medidas administrativas que se requieran, en el marco de las normas, a aquellas personas extranjeras que alteren la tranquilidad o representen un riesgo para la convivencia”, afirmó Castañeda.
Operativos complementarios
En un procedimiento aparte, oficiales de Migración Colombia identificaron a un ciudadano colombiano que regresaba de Estados Unidos y que contaba con una orden de captura vigente por acoso sexual, emitida por un Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento. La persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes, aunque no se informó su identidad ni detalles del proceso penal en su contra. Ambos casos reflejan la labor de control que realiza la entidad para garantizar la seguridad y el orden en el territorio nacional, tanto frente a extranjeros que incurren en conductas que alteran la convivencia como frente a connacionales con requerimientos judiciales pendientes.
