En una audiencia celebrada este jueves 22 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Wadith Manzur, actualmente detenido preventivamente por el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lanzó un contundente cuestionamiento contra la Fiscalía General de la Nación. Manzur reclamó que, mientras él y otros cinco excongresistas enfrentan cargos por cohecho, los funcionarios del Ministerio de Hacienda que, según la investigación, habrían ofrecido beneficios a cambio de apoyo legislativo, no han sido imputados por ese mismo delito. La denuncia del exsenador se produjo durante la etapa preparatoria del juicio que se sigue contra seis parlamentarios por su presunta participación en una red de corrupción para la aprobación de operaciones de crédito público.
El punto central de la controversia radica en la disparidad de criterios de la Fiscalía. Mientras los congresistas procesados son acusados de haber recibido beneficios ilegales, figuras clave de la contraparte, como la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides y el exviceministro y exministro Diego Alejandro Guevara, no han sido formalmente acusados por cohecho. Benavides, quien fue imputada inicialmente por interés indebido, logró una inmunidad total al acogerse a un principio de oportunidad y colaborar como testigo. Por su parte, Guevara permanece bajo indagación sin que se le haya imputado el delito que Manzur considera fundamental para el esclarecimiento de los hechos. “Como lo dijo mi abogado ayer: los cohechadores, por lo menos en mi caso, la señora María Alejandra Benavides, y el ministro y el viceministro Diego Alejandro Guevara, ninguno de los dos ha sido imputado por cohecho, de dar u ofrecer”, declaró Manzur, visiblemente molesto ante la situación.
La crítica de Manzur: “Aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito”
La declaración del exsenador Manzur resume de manera gráfica la contradicción que, según su defensa, existe en el proceso: “Es decir, aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito”. La investigación de la Corte Suprema indaga si varios legisladores recibieron promesas de beneficios contractuales para sus regiones a cambio de aprobar las operaciones de crédito del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La defensa de Manzur sostiene que si los congresistas son acusados de ser “cohechados”, necesariamente debe existir la figura de los “cohechadores”, que en este caso serían los funcionarios del Ministerio de Hacienda que ofrecieron esos beneficios. La ausencia de imputación por cohecho contra Guevara y la inmunidad de Benavides genera, en opinión de Manzur, un desequilibrio procesal que desvirtúa la investigación.
“Como lo dijo mi abogado ayer: los cohechadores, por lo menos en mi caso, la señora María Alejandra Benavides, y el ministro y el viceministro Diego Alejandro Guevara, ninguno de los dos ha sido imputado por cohecho, de dar u ofrecer”
Wadith Manzur, excongresista
El contexto de este proceso judicial se enmarca en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro, que ha salpicado a varias figuras políticas. Mientras Manzur y los otros cinco excongresistas enfrentan un juicio que podría definir su futuro judicial, el mismo día de su declaración se conoció otra sanción en su contra: el gobierno de Estados Unidos revocó su visa, junto a la de otros seis ciudadanos colombianos, por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico. Entre los afectados se encuentran Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; la exrepresentante Karen Manrique; y los excongresistas Julio Elías Chagüí, Liliana Bitar y José Ignacio Mesa. Esta nueva sanción internacional agrava la situación judicial y política de Manzur, quien ha estado detenido desde marzo por el delito de cohecho impropio.
