La construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, se encuentra suspendida debido a presuntas extorsiones y amenazas por parte de grupos armados ilegales. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, que a través de su defensor regional del Pacífico, David Torres, informó sobre la paralización de una obra prioritaria para aproximadamente 500 estudiantes de esta comunidad del Pacífico colombiano.
De acuerdo con la información recopilada, la rectora del plantel fue objeto de intimidaciones y exigencias económicas ilegales, lo que obligó a detener los trabajos financiados con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). La presencia de estructuras armadas como el Frente Jaime Martínez, disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que disputan el control del territorio, ha generado un clima de zozobra que afecta directamente a la comunidad educativa.
Llama a acelerar investigaciones
El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se activen las investigaciones correspondientes. La Defensoría del Pueblo ha solicitado celeridad en la identificación de los responsables de estas presiones extorsivas, con el fin de garantizar la seguridad de los directivos docentes y permitir la reanudación de la obra. Paralelamente, se adelantan coordinaciones con la Secretaría de Educación de Buenaventura para buscar alternativas que protejan a los docentes y estudiantes, así como para retomar el proyecto en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de la comunidad.
La suspensión de esta infraestructura educativa representa un nuevo golpe para una zona que históricamente ha enfrentado dificultades de orden público. En el Pacífico colombiano, la violencia ha provocado desplazamientos de docentes, suspensiones de clases y restricciones para la ejecución de proyectos de inversión pública. La paralización de esta obra, que beneficiaría a cientos de alumnos de Bajo Calima, agrava la limitación del acceso a una educación de calidad en una región que ya padece el abandono estatal y la presión de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para que se activen los mecanismos de protección y se garantice la continuidad de los trabajos. Mientras tanto, los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga permanecen en vilo, a la espera de que la seguridad y la inversión pública no terminen naufragando en medio de la violencia que azota el territorio.
