En un giro que sacude el curso de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con las masacres de La Granja y El Aro, el padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve notificaron formalmente a la Fiscalía que no declararán en el nuevo proceso. La decisión, comunicada a través de su apoderado, el abogado Sergio Clavijo, fue justificada por una «falta de garantías procesales y de seguridad» que, según los afectados, compromete su integridad y la de su núcleo familiar.
Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda, padre y hermano respectivamente del testigo clave, manifestaron que su negativa a comparecer ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia es un acto «libre, consciente, voluntario e informado». A través de un documento formal, el abogado Sergio Clavijo explicó que sus representados ya han cumplido con su deber ciudadano de colaborar con la justicia en etapas anteriores del proceso y que no poseen información adicional que aportar, desestimando cualquier interpretación que los señale como obstáculos para la administración de justicia.
La determinación de los familiares de Monsalve se enmarca en un contexto de creciente tensión y exposición mediática. Según la defensa, la falta de garantías obedece, en parte, a una «campaña de desprestigio» de la que se sienten víctimas, impulsada por señalamientos públicos que, afirman, provienen del senador Iván Cepeda, el abogado Miguel Ángel del Río Malo y el periodista Daniel Coronell. La decisión se produce justo cuando la Fiscalía había aplazado las audiencias de testimonios, a la espera de un informe sobre la ubicación de los declarantes, y mientras el expresidente Uribe se prepara para su indagatoria, fijada para el 24 de julio de 2026.
Antecedentes de un testimonio bajo presión
La negativa de los Monsalve a declarar no es un hecho aislado, sino que se inserta en una historia de persecución y temor que se remonta al juicio anterior contra Uribe, celebrado en 2025. En aquella ocasión, el expresidente fue declarado culpable por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, aunque posteriormente absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, dejando la decisión final en manos de la Corte Suprema de Justicia. Durante ese proceso, los familiares de Juan Guillermo Monsalve denunciaron haber recibido ofrecimientos del senador Iván Cepeda para declarar contra Uribe, y luego reportaron una ola de amenazas a través de redes sociales y mensajes intimidatorios que, según su versión, vulneraron su seguridad y dignidad.
La investigación formal contra Uribe por su presunta vinculación con el paramilitarismo y las masacres de La Granja y El Aro fue abierta en junio de 2026, reactivando un caso que lleva años en el ojo del huracán político y judicial colombiano. En este nuevo escenario, la Fiscalía había programado una serie de testimonios, pero estos fueron aplazados por el fiscal de apoyo, Héctor Ariel Torres Velásquez, quien argumentó la necesidad de obtener primero un informe de localización de los testigos. Esta dilación procesal ha sido fuertemente criticada por el expresidente Uribe, quien en sus redes sociales afirmó que el aplazamiento de los testimonios afecta su derecho a la defensa, al impedirle conocer las pruebas antes de su indagatoria. «Aplazan testimonios pero si la Indagatoria es un ‘Medio de Defensa’ imposible defenderme sin conocer las pruebas», escribió Uribe en la red social X.
«Mis representados ya cumplieron plenamente con su deber ciudadano de colaboración con la justicia. No poseen información adicional que aportar. Su decisión no constituye acto de desobediencia ni pretende obstaculizar la administración de justicia. Por el contrario, es el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la vida, a la seguridad y a la protección de su dignidad, después de haber sido objeto de una campaña de desprestigio que los ha dejado en situación de vulnerabilidad».
Sergio Clavijo, abogado de la familia Monsalve
Por su parte, el fiscal Torres Velásquez justificó la reprogramación de las audiencias señalando que «tras evaluar los datos aportados por la defensa y teniendo en cuenta que está pendiente el informe de la investigadora encargada de la ubicación de los declarantes, es imperativo fijar nuevas fechas para los testimonios. Así las cosas, una vez se tengan las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a los sujetos procesales». Mientras tanto, el futuro del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue envuelto en una compleja trama de testimonios, garantías procesales y un clima político que, para los testigos clave, se ha vuelto insostenible.
La decisión de los familiares de Monsalve, lejos de simplificar el panorama, introduce un nuevo factor de incertidumbre en una investigación que ya de por sí es un tablero de ajedrez jurídico, donde cada movimiento es observado con lupa. La Fiscalía se enfrenta ahora al reto de garantizar la seguridad de los testigos mientras avanza en la recolección de pruebas, en una causa que lleva más de una década abierta y que promete seguir dando de qué hablar en la escena política y judicial del país.
