La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) denunció este miércoles 1 de julio posibles prácticas de perfilamiento de empresas e inversionistas del sector forestal por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), generando una fuerte controversia pública que llevó al director de la entidad, Felipe Harman, a responder de inmediato negando categóricamente las acusaciones. Según el gremio, la ANT estaría realizando consultas basadas en el NIT de las compañías y cruzando información patrimonial antes de analizar la situación jurídica y catastral de los predios, lo que vulneraría la seguridad jurídica, el debido proceso y la confianza inversionista.
El señalamiento fue inicialmente puesto en la discusión pública por el abogado Mauricio Pava Lugo, quien había alertado sobre la metodología empleada por la ANT, y posteriormente Fedemaderas emitió un comunicado sumándose a las denuncias. Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo nacional de Fedemaderas, advirtió que “un ambiente de confianza y certidumbre sobre inversiones de muy largo aliento, como aquellas que caracterizan a la red forestal, debe ser parte de las garantías brindadas por cualquier gobierno, convirtiéndose en base de las políticas de Estado para el desarrollo económico de los territorios”. El gremio señaló que la preocupación se concentra especialmente en empresas con presencia histórica en regiones como Antioquia, que han ejecutado proyectos productivos de largo plazo y generan empleo formal en zonas rurales.
Las acusaciones de perfilamiento y el debido proceso
Según el abogado Mauricio Pava, la entidad tiene facultades para investigar predios, pero no para perfilar empresas o inversionistas. “Los documentos que hemos conocido muestran una metodología que genera enormes preocupaciones, porque se identificaría a empresas e inversionistas extranjeros mediante su NIT”, afirmó. Pava sostiene que la ANT estaría construyendo expedientes a partir del cruce de información patrimonial sin primero verificar la situación jurídica de los terrenos, lo que considera una violación al debido proceso. “Esto que está confirmado y está documentado, no estamos frente a un simple debate de reforma agraria. Estamos frente a un problema de debido proceso, seguridad jurídica y respeto al inversionista extranjero”, advirtió.
“El Estado podría enfrentar demandas ante tribunales internacionales por cientos de millones de dólares. Y esas condenas llegan por decisiones administrativas”
Mauricio Pava Lugo, abogado
El togado también alertó que, de confirmarse estas prácticas, Colombia quedaría expuesta a reclamaciones en tribunales arbitrales internacionales si los inversionistas extranjeros consideran vulnerados los estándares de protección establecidos en tratados de inversión. Fedemaderas, por su parte, reconoció que la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y el ordenamiento de la propiedad rural son atribuciones legítimas del Estado, pero insistió en que deben ejecutarse con criterios técnicos, objetivos y transparentes, sin poner en riesgo la inversión ni el empleo formal.
La respuesta de la ANT: “consultas de registro público”
El director de la ANT, Felipe Harman, reaccionó con ironía a través de un video difundido en redes sociales, en el que cuestionó las acusaciones: “Hoy salió un reconocido abogado a hablar del perfilamiento de multinacionales (…) porque la ANT busca en registro cuáles son las propiedades de las empresas para literalmente comprobar si existe o no existe indebida acumulación de bienes baldíos. Lo que hay que escuchar por estos días. Una consulta en registro es perfilamiento de corporaciones multinacionales. Ay, Dios”.
En un comunicado oficial, la ANT rechazó de forma categórica los señalamientos y afirmó que no se han presentado evidencias que demuestren una actuación irregular. “No existe una política orientada a perseguir o discriminar a inversionistas nacionales o extranjeros”, indicó la entidad, que explicó que sus actuaciones administrativas pueden involucrar tanto a personas naturales como jurídicas cuando sea necesario verificar la situación jurídica de los predios. La Agencia recordó que su misión es “proteger los bienes baldíos de la nación, evitar su acaparamiento y garantizar que cumplan la finalidad social para la cual fueron destinados”, y sostuvo que las consultas realizadas en registros públicos son herramientas legítimas para comprobar si existe indebida acumulación de baldíos.
El cruce de versiones evidencia la tensión entre el legítimo interés del Estado por ordenar la propiedad rural y la necesidad de brindar garantías a inversionistas que, como los del sector forestal, desarrollan proyectos de largo aliento en regiones apartadas. Mientras Fedemaderas y el abogado Mauricio Pava insisten en que las metodologías de la ANT generan inseguridad jurídica y podrían derivar en costosas demandas internacionales, la Agencia se defiende argumentando que solo realiza consultas de registro público dentro de sus facultades legales. Por ahora, el debate sigue abierto, y el sector forestal advierte que la confianza inversionista está en juego.
