El inspector de policía número siete de Bogotá fijó el próximo 14 de julio como la fecha definitiva para ejecutar el desalojo de cerca de un millar de personas que habitan el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa. La medida se cumple en rigor de una orden judicial que data de 2011, cuando se inició la ocupación del predio, y que ordena la restitución del terreno a sus propietarios legítimos. El operativo, coordinado por la Secretaría Distrital de Gobierno, involucra entidades distritales, nacionales y de control, y ha sido objeto de controversia por el impacto humanitario que conlleva.
Alrededor de 400 familias, equivalentes a unas 1.000 personas, serían desalojadas de 94 predios que conforman el polígono conocido como El Remanso I. El avalúo actual del terreno ronda los 2.500 millones de pesos. La comunidad ha manifestado haber comprado los lotes de buena fe a estructuras ilegales conocidas como «tierreros», que vendieron de manera irregular los predios durante más de una década. En 2018, el Distrito ya había comprado y legalizado más de 150 predios en condiciones similares, pero en esta ocasión la orden judicial es de cumplimiento inmediato.
Alternativas en exploración
Ante la inminencia del desalojo, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que ha dado la instrucción de explorar alternativas que permitan encontrar una solución construida de la mano con la comunidad, reconociendo los derechos de los propietarios y protegiendo a las familias que hoy habitan el sector. En sus declaraciones, Galán reconoció que no es una situación fácil ni tiene soluciones simples, pero aseguró que la tarea es encontrar un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva. Se ha programado una reunión entre el Distrito y la empresa Sotrandes para esta semana, así como un encuentro entre el Ministerio de Vivienda, el Distrito y la comunidad durante los primeros días de junio.
«El eslabón más débil no puede terminar pagando las consecuencias de años de omisión institucional. Aquí las verdaderas víctimas son las familias que compraron de buena fe y que durante años consolidaron sus viviendas y construyeron comunidad».
José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá
El concejal José Cuesta Novoa, quien ha acompañado a la comunidad en el proceso, propuso que la administración de Galán presente un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá para legalizar el polígono de 94 predios de El Remanso I. Cuesta Novoa insistió en que la salida debe ser la titularización y la permanencia de las familias, señalando que existen razones humanitarias, sociales, económicas y de orden público que obligan al Distrito a actuar con responsabilidad y voluntad política. Además, advirtió que una demolición podría desencadenar un desastre humanitario y un impacto económico considerable para el Distrito.
Mecanismos jurídicos y antecedentes
Existen mecanismos jurídicos alternativos contemplados en la Ley 2044 y la Ley 388 para la legalización y titularización de predios en situaciones similares. La Personería de Bogotá instaló una comisión técnica para explorar salidas jurídicas e institucionales que eviten el desalojo masivo. Entre las entidades notificadas para el operativo se encuentran la Secretaría Distrital de Gobierno, que coordina el proceso; la Secretaría General, la Dirección Jurídica Distrital, la Secretaría de Planeación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Vivienda, entre otras. La ocupación del predio iniciada en 2011 ha tenido varias suspensiones y controversias legales a lo largo de los años, y ahora el plazo se agota con la fecha del 14 de julio como límite.
«No es una situación fácil ni tiene soluciones simples. Pero nuestra tarea es encontrar un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva».
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
La comunidad de El Remanso espera que las reuniones previstas para las próximas semanas arrojen una solución que evite el desalojo forzoso. Mientras tanto, la administración distrital busca conciliar la orden judicial con la necesidad de proteger a las familias que durante más de una década han construido sus viviendas y su vida en el sector. La fecha del 14 de julio se mantiene como el plazo fatal, pero las conversaciones continúan en busca de una alternativa que evite una crisis humanitaria en el sur de Bogotá.
