El fiscal Vicente Bonilla, con más de 30 años de carrera en la Fiscalía General de la Nación, denunció ser víctima de una presunta persecución y acoso laboral tras ser notificado de su traslado a Barrancabermeja, decisión que vincula directamente con haber ordenado el embargo de bienes del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en 2021. Bonilla, quien se desempeña como fiscal 13 de extinción de dominio y está a solo siete meses de pensionarse, afirmó que teme por su vida y que la medida podría ser una retaliación por afectar patrimonialmente al ministro y a su esposa, Adelina Guerrero, con medidas cautelares por un valor de 5.200 millones de pesos.
La notificación del traslado, recibida el pasado 27 de marzo, fue justificada por la Fiscalía como parte de un proceso de “regionalización y reorganización interna”, pero Bonilla sostiene que su despacho fue el único de extinción de dominio reubicado y que Barrancabermeja no cuenta con jueces especializados en esa materia, además de ser una zona que calificó como de alto riesgo de orden público. En una entrevista divulgada recientemente, el fiscal señaló que la probable causa de esta decisión es que el 13 de octubre de 2021, en ejercicio de sus funciones, afectó bienes de Benedetti y su esposa, lo que incluye un apartamento en el exclusivo barrio El Retiro en Bogotá, tres lotes en Puerto Colombia y recursos depositados en el leasing de una casa en Chapinero, también en la capital.
Las medidas cautelares y la reacción de Benedetti
Las medidas cautelares ordenadas por Bonilla se enmarcan en un proceso de extinción de dominio que corre paralelo a la investigación por enriquecimiento ilícito que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Armando Benedetti, quien entonces era congresista. El miércoles 3 de junio, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó las medidas sobre el apartamento en Rosales y el leasing, negando la impugnación presentada por el ministro. Ante los señalamientos, Benedetti rechazó categóricamente tener influencias para remover o trasladar funcionarios en la Fiscalía y calificó la actuación de Bonilla como un acto fuera de derecho. “Él no actuó en derecho. Ni siquiera investigó. Él fue instrumentalizado”, afirmó el ministro, quien además añadió que está en la Lista Ofac, que no tiene dónde vivir en Bogotá y que nadie le alquila un apartamento, refiriéndose a que el embargo de un leasing es “lo más absurdo que hay”.
“Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que soy víctima de una posible persecución y acoso laboral por parte de la señora fiscal general de la Nación y el director de Extinción del Derecho al Dominio. Una probable causa que cobra mucha fuerza es que, dentro de mis funciones, el 13 de octubre del año 2021 afecté con fines de extinción de dominio bienes de propiedad de Armando Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero”.
Vicente Bonilla, fiscal 13 de extinción de dominio
Bonilla, quien padece hipertensión, hiperlipidemia, discopatía lumbar con hernias discales, apnea del sueño, glaucoma y afectación del manguito rotador del hombro derecho, expuso que su familia depende de su salario y que su estado de salud es delicado. Tras agotar un recurso de reposición sin éxito, el fiscal presentó una acción de tutela para que se le garanticen sus derechos laborales, a la salud y a la seguridad, y advirtió que podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si no encuentra respuesta en instancias nacionales. La Fiscalía General, por su parte, insistió en que el traslado no afecta el expediente contra Benedetti, pues el fiscal continuará conociendo del caso desde su nuevo destino, pero Bonilla reiteró que se siente “mamado” de ser usado como chivo expiatorio y que su traslado obedece a una venganza institucional.
