La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el próximo 24 de julio, en el marco de una investigación por presuntos nexos con paramilitares durante su gestión como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. La diligencia fue ordenada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, y se tramita bajo la Ley 600 de 2000, equivalente a una formulación de imputación. El exmandatario, líder del Centro Democrático, denunció a través de sus redes sociales que se le impidió interponer un recurso de reposición contra el llamamiento, lo que —según afirmó— lo coloca en condición de imputado por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Los hechos que sustentan la investigación ocurrieron en el norte de Antioquia, específicamente en el municipio de Ituango y en la hacienda Guacharacas, ubicada en San Roque. Se trata de las masacres de La Granja, perpetrada en 1996, y de El Aro, en 1997, así como del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998. Además, se indaga la presunta conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en predios de la familia Uribe. La Fiscalía se apoya en pruebas y testimonios recopilados, incluidos los rendidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La versión del expresidente
En un extenso mensaje publicado el 6 de julio de 2025 en su perfil de la red social X, Uribe Vélez aseguró que nunca ha promovido ni sido omisivo frente a masacres y calificó la actuación de la Fiscalía como una persecución política. “En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas”, escribió el exmandatario. Agregó que “esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”. En un mensaje previo del mismo día, agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas, y pidió disculpas por no haber respondido mensajes en los últimos meses.
«La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático (vía su perfil en X)
La defensa del expresidente ha controvertido los argumentos de la Fiscalía e insiste en que las acusaciones son falsas. Uribe había solicitado inicialmente un aplazamiento de la diligencia, pero la fecha del 24 de julio se mantiene firme. El proceso ha recibido respaldo público de su colectividad política, el Centro Democrático, mientras que sectores de la sociedad y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo judicial, que retoma una línea investigativa sobre presuntas omisiones o complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante su administración departamental. En el sistema penal colombiano, la indagatoria bajo la Ley 600 de 2000 representa un avance formal clave en la etapa procesal.
