La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 inmuebles adicionales, avaluados en más de 184.615 millones de pesos, vinculados al conglomerado empresarial Lili Pink, cuya razón social es Fast Moda S.A.S. Las diligencias de ocupación, ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, fueron notificadas oficialmente el 16 de septiembre de 2026 e incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes.
Los inmuebles afectados corresponden a 17 predios rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá y los municipios de Funza, La Calera y Tenjo en Cundinamarca, así como en Cartagena (Bolívar), Pereira (Risaralda), Ibagué (Tolima) y Cali (Valle del Cauca). De esta manera, la acción de la Fiscalía se extiende por seis departamentos del país más la capital, en un operativo que busca garantizar que los bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas queden a disposición de la justicia mientras se adelanta el proceso.
Una fachada de comercialización textil
De acuerdo con la investigación, el conglomerado empresarial habría utilizado la comercialización de ropa femenina como fachada para permitir el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. Los análisis de los elementos materiales probatorios evidenciarían que el patrimonio de este grupo empresarial estaría directamente asociado a estas actividades, lo que motivó la decisión de ampliar las medidas cautelares ya notificadas previamente en el caso Lili Pink, como parte del despliegue investigativo que adelanta el ente acusador.
“Los elementos materiales probatorios y los análisis realizados dan cuenta de que este patrimonio estaría asociado al conglomerado empresarial que, con la fachada de comercialización de ropa femenina, habría permitido el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando”, señaló un vocero de la Fiscalía General de la Nación.
El representante del organismo investigador también precisó las características de los bienes afectados: “Estos estarían avaluados en más de ciento ochenta y cuatro mil millones de pesos y se encuentran ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca”. Las cifras confirman la magnitud patrimonial del caso, que involucra tanto inmuebles destinados a uso comercial como predios rurales en diferentes regiones del territorio nacional.
Es importante señalar que las medidas cautelares son herramientas jurídicas de carácter preventivo y no constituyen sanción alguna. Su finalidad es proteger el derecho y garantizar que una futura decisión judicial o administrativa pueda cumplirse de manera efectiva. En este sentido, las marcas y comercios que operan actualmente en los inmuebles, como outlets y tiendas de ropa, no se verán afectados de inmediato, pues continuarán pagando sus obligaciones a la empresa propietaria. Solo en caso de que la extinción de dominio se haga efectiva, los pagos se realizarán a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El caso Lili Pink sigue así avanzando en la agenda judicial del país, en un proceso que ha captado la atención pública por el entramado empresarial investigado y por la magnitud de los bienes involucrados. Las autoridades continúan con el análisis de la información financiera y patrimonial del conglomerado, sin descartar nuevas acciones en los próximos meses.
