La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, ejecutó medidas cautelares de extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en el centro de Medellín, avaluados en más de 11.000 millones de pesos colombianos. Las autoridades judiciales ordenaron el embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de un motel y otro inmueble que, según las investigaciones, eran utilizados para la explotación sexual de menores de edad y el almacenamiento y venta de estupefacientes. Los bienes quedaron bajo la administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se define su destino legal definitivo.
El motel intervenido, de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, funcionaba como escenario para la explotación sexual de niñas y adolescentes, delito que se habría facilitado de manera sistemática. Además, en el mismo lugar se almacenaban y comercializaban drogas, lo que reforzó la decisión de imponer las medidas cautelares. Esta acción hace parte de la estrategia estatal contra las redes que lucran con la explotación de menores en Colombia, un fenómeno que ha cobrado especial relevancia en Medellín desde 2013 y que se intensificó después de la pandemia, impulsado por la difusión de contenido en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram.
Cifras de control migratorio y perfil de los viajeros
En paralelo a estos operativos, Migración Colombia informó que, hasta el 27 de mayo de 2026, se habían inadmitido a 100 extranjeros que llegaban al país con la intención de participar en actividades de turismo sexual. De ese grupo, 73 fueron expulsados directamente desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Según la directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar Gómez, estos viajeros no se desplazaban de manera individual sino en grupos organizados que coordinaban su estadía a través de redes sociales y guías digitales. La mayoría provenía de Miami, Nueva York y República Dominicana, y al ser interrogados afirmaban asistir a despedidas de soltero. Sin embargo, las autoridades detectaron que tenían contratados “tours” privados que ofrecían acceso a fiestas con licor ilimitado, drogas y mujeres muy jóvenes dispuestas a todo, un patrón asociado al fenómeno de los “passport bros”: hombres de países desarrollados que viajan a Colombia para explotación sexual, a menudo promovido por influencers digitales.
Las autoridades señalaron que estos casos están siendo investigados para desarticular las redes que promueven y facilitan estos viajes. Mientras tanto, la SAE asumió la administración de los dos inmuebles embargados en el centro de Medellín, que permanecerán bajo control estatal hasta que un juez determine su extinción definitiva de dominio o su devolución. La Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir todos los bienes que estén vinculados a delitos contra la infancia y la salud pública, en el marco de una ofensiva integral contra la explotación sexual de menores y el narcotráfico en la capital antioqueña.
