La Fiscalía General de la Nación de Colombia expidió la Resolución 00119 de 2026, estableciendo lineamientos prioritarios para la investigación de crímenes y amenazas contra periodistas y trabajadores de medios en todo el país. Esta medida incluye una diligencia reforzada, un enfoque diferencial y una mayor coordinación entre dependencias, con el objetivo de responder a las crecientes agresiones que ponen en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información. La resolución manda una actuación exhaustiva en los casos, con contextualización detallada, rechazo a la exigencia de acreditaciones formales y priorización de la protección de las víctimas, además de abrir un canal de diálogo permanente con la sociedad civil.
El contexto de esta decisión es alarmante, ya que en 2025 se documentaron 469 agresiones contra periodistas según la Defensoría del Pueblo, reflejando un aumento en amenazas, hostigamientos y ataques digitales. Colombia ocupa el puesto 12 de 23 países en el Índice Chapultepec 2025 y el 115 de 180 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, lo que evidencia el riesgo creciente en el ejercicio periodístico y la presión que genera autocensura entre los informadores.
Nuevos enfoques y obligaciones para fortalecer las investigaciones
Entre las novedades destaca el enfoque diferencial que ampara a personas dedicadas a labores informativas digitales, incluso sin acreditaciones formales, obligando a los investigadores a analizar el nexo entre la agresión y la actividad profesional de las víctimas. La resolución también establece planes de capacitación para fiscales y receptores de denuncias, así como mecanismos de coordinación para identificar patrones criminales recurrentes, con el fin de prevenir nuevos incidentes y proteger de manera efectiva a los afectados.
Esta iniciativa representa un paso clave hacia el fortalecimiento de las investigaciones, la protección de las víctimas y la erradicación de la autocensura, en un momento en que el periodismo colombiano enfrenta desafíos sin precedentes que amenazan la democracia y el derecho a la información de la ciudadanía.
