La Fiscalía General de la Nación ordenó la extinción de dominio sobre bienes del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, valuados en más de 45.000 millones de pesos colombianos. La medida, anunciada el pasado 17 de julio de 2026, se fundamenta en presuntos vínculos del artista con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente con su exjefe, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel.
Tras un exhaustivo proceso investigativo que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, el ente acusador logró reconstruir la trazabilidad de los activos. Según la Fiscalía, alias Daniel habría implementado una estrategia ilegal de ocultamiento de capitales, recurriendo a intermediarios para movilizar recursos hacia inversiones inmobiliarias que quedaron bajo el nombre del cantante. La institución señaló que el objetivo de esta maniobra era «ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado».
Decisión judicial y ruta jurídica
El caso fue resuelto en primera instancia por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que decretó las medidas cautelares sobre el patrimonio del intérprete de «Amor eterno». La Fiscalía fue enfática al aclarar que esta decisión judicial no es definitiva y que «las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley». De esta forma, la defensa de Charlie Zaa podrá interponer los recursos de apelación que considere pertinentes para controvertir el fallo.
En el marco de la justicia transicional, los bienes ocupados pasarán a ser parte del inventario estatal y quedarán bajo la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas. La Fiscalía no especificó en su comunicado oficial el número exacto de propiedades afectadas ni su ubicación precisa dentro del territorio nacional, aunque se confirmó que los activos están distribuidos en varias regiones del país. Este proceso representa uno de los más significativos en los últimos años contra el patrimonio de figuras públicas señaladas de tener vínculos con estructuras paramilitares.
