La Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, junto a otras doce personas, por un presunto detrimento patrimonial superior a los 40.000 millones de pesos en el caso del lote Aguas Vivas. Los procesados, que incluyen a nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, deberán enfrentar una audiencia de acusación ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, cuya continuación está programada para el próximo 2 de julio de 2026, con sesiones que se extenderán hasta el 14 de julio del mismo año. En esta fase, la Fiscalía sustenta los cargos por interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, y expone los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.
El expediente penal por el caso Aguas Vivas se ha convertido en el más avanzado contra el exmandatario local, según informó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien destacó que ya se superó la etapa de imputación y ahora se encuentra en la fase de formulación de acusación. De Bedout señaló que “la defensa sustentará su recurso de apelación tras meses de nulidades y aplazamientos”, y recordó que este proceso judicial ha sido seguido de cerca por la opinión pública debido a las millonarias sumas involucradas y a las presuntas irregularidades administrativas cometidas durante la administración de Quintero. El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín ya reconoció al Distrito de Medellín como víctima dentro del proceso, lo que le permite intervenir formalmente, solicitar pruebas y actuar en las audiencias, sin que esto implique responsabilidades penales ni una condena anticipada.
Contexto de presión política y nuevas denuncias
La noticia se da en medio de la presión política que rodea la continuidad de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia Nacional de Salud. De manera simultánea, el propio Quintero confirmó el 30 de junio de 2026 que su entidad presentó una denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por presunta obstrucción a labores de inspección, ocurrida el pasado 26 de junio. Según el superintendente, “las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información solicitada por los auditores que acudieron al lugar para realizar la auditoría, procedimiento que forma parte de las funciones legales de la Supersalud”. Quintero calificó la negativa como “una violación a la Constitución y la ley” y anunció que la Superintendencia adelantaría acciones penales ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para investigar el comportamiento de esos funcionarios.
Además de la denuncia penal, la Superintendencia de Salud puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, y adelanta actuaciones administrativas contra la entidad vigilada, que podrían incluir la imposición de multas sucesivas conforme a la Ley 1949 de 2019 por desacato a los requerimientos. Sin embargo, la reacción del gobierno departamental no se hizo esperar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación y señaló que “ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.
«Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia.»
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
El caso Aguas Vivas, que involucra un posible detrimento patrimonial superior a los 40.000 millones de pesos reconocido a empresas y un particular, continúa su curso judicial mientras la figura de Daniel Quintero se mantiene en el centro del debate público, enfrentando tanto los avances del proceso penal como las nuevas controversias generadas por su gestión al frente de la Supersalud. La audiencia del 2 de julio será clave para definir el futuro procesal del exalcalde y los demás implicados, en un escenario donde la política y la justicia se entrelazan de manera cada vez más estrecha.
