En un nuevo capítulo de la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de 2025, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, incautó seis teléfonos celulares en diligencias realizadas simultáneamente en Bogotá y Barranquilla. Los operativos, ejecutados por servidores de la Policía Nacional – Dijín, se llevaron a cabo tras la orden de un fiscal y con la autorización de un juez de control de garantías, como parte de las pesquisas que buscan esclarecer el origen de los recursos que financiaron las campañas del senador Iván Cepeda Castro y la exministra de Salud Diana Carolina Corcho Mejía.
Las diligencias de registro personal, practicadas a seis ciudadanos en las dos capitales, permitieron la incautación de los dispositivos móviles que serán analizados en el curso de la indagación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había abierto en septiembre de 2025 una indagación previa contra Iván Cepeda para verificar posibles anomalías en la financiación de la consulta interna, y este nuevo paso de la Fiscalía representa un avance significativo en la recolección de pruebas materiales que permitan determinar si los reportes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral reflejan de forma completa y precisa el origen de los recursos y los gastos reales de ambas campañas.
Cifras que generan interrogantes
Uno de los puntos que más atención ha captado en la investigación es la aparente discrepancia entre las actividades económicas de algunas empresas aportantes y los elevados montos declarados como créditos o donaciones. En la campaña del senador Cepeda, la firma Samat Publicidad S.A.S. reportó un aporte en especie por 609 millones de pesos, mientras que su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez, aparece vinculado a un aporte adicional de 116 millones. En contraste, la campaña de Carolina Corcho registró créditos por 723 millones de pesos asociados a Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., una empresa dedicada a la preparación de comidas, lo que ha despertado dudas sobre la capacidad de estas compañías para realizar desembolsos de tal magnitud.
En total, la campaña de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos ante el CNE, de los cuales tres créditos provinieron de la cooperativa Confiar. Sin embargo, los gastos declarados apenas alcanzan los 1.931 millones de pesos, distribuidos en 1.405 millones por concepto de propaganda, 387 millones en logística y 75 millones en gastos operativos y administrativos, estos últimos usados únicamente para honorarios profesionales y estrategias digitales. Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es que no se registró ni un solo peso en actos públicos masivos, a pesar de que el propio Cepeda afirmó públicamente: «Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios», eventos que habrían congregado a más de medio millón de asistentes en todo el país.
«En cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, previa autorización de un juez con función de control de garantías, servidores de la Policía Nacional – Dijín realizaron diligencias de registro personal a seis ciudadanos en Bogotá y Barranquilla (Atlántico), que permitieron incautar seis teléfonos celulares».
Fiscalía General de la Nación (comunicado oficial)
La estrategia de defensa del senador Cepeda ha consistido en calificar algunos de los montos cuestionados como cuentas por pagar o préstamos, mientras que los registros oficiales los identifican como donaciones o contribuciones en especie. Ahora, el análisis forense de los seis celulares incautados, junto con las declaraciones de los implicados y la documentación financiera ya recopilada, será crucial para determinar si existen responsabilidades penales. Las autoridades no descartan que, en las próximas semanas, el caso pueda derivar en imputaciones de cargos o incluso en solicitudes de medidas de aseguramiento, dependiendo de lo que arrojen las evidencias digitales y contables que aún están bajo revisión.
