La Fiscalía General de la Nación ordenó el inicio de actividades de policía judicial para determinar el origen de las filtraciones de información reservada que han afectado dos casos de alto impacto nacional: el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá y la declaración juramentada de la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán contra la ex primera dama Verónica Alcocer. El ente acusador busca establecer quiénes responsables de divulgar documentos y audiencias que gozan de reserva legal, una práctica que, según advierte, puede comprometer el debido proceso, la integridad de los testigos y el buen nombre de las víctimas.
En el caso del envenenamiento con talio, dos adolescentes, Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron en abril de 2025 tras consumir frambuesas contaminadas con el metal, enviadas como presunto regalo a la casa de Inés de Bedout a través de una empresa de mensajería. Zulma Guzmán Castro, señalada como la responsable del envío, fue capturada en diciembre de 2025 en Londres, Inglaterra, y su audiencia de extradición fue aplazada hasta marzo de 2027. Además, otras dos jóvenes resultaron gravemente lesionadas en el mismo incidente. La Fiscalía investiga si Guzmán mantuvo una relación clandestina con Juan de Bedout Vargas, padre de Inés, como posible móvil del ataque.
El segundo caso que motivó la orden de investigación gira en torno a la declaración juramentada que Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial, rindió ante la Fiscalía. En ella, Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar una supuesta red de tráfico de drogas, armas y dinero entre Colombia y Estados Unidos, utilizando aeronaves oficiales. También señaló a otros servidores públicos por testaferrato e irregularidades en el manejo de recursos de campaña. Parte de ese testimonio, que gozaba de reserva, se filtró a medios de comunicación, lo que llevó a la Fiscalía a intervenir.
“Los servidores públicos y las partes intervinientes que tienen acceso a estas actuaciones están obligados a preservar su confidencialidad, de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad sobre los hechos y no admite excepciones por fuera de las disposiciones legales”, señaló la Fiscalía en un comunicado oficial.
Fiscalía General de la Nación
El ente acusador recalcó su “pleno respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información”, pero insistió en que a los funcionarios judiciales les asiste la obligación de custodiar rigurosamente el material probatorio y denunciar oportunamente cualquier violación de la reserva legal. La investigación, que abarca ambos casos por su “alto grado de complejidad y relevancia nacional”, busca verificar las circunstancias de las filtraciones, identificar a los responsables y, de ser necesario, compulsar copias disciplinarias y penales.
