En una jornada clave para la seguridad del país, el Congreso de la República completó las firmas de la Ley de Sometimiento y la remitió al presidente De la Espriella para su sanción, con un plazo que vence a las 11:59 p. m. del miércoles 4 de noviembre. La iniciativa, impulsada por los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, crea un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales sin reconocimiento político, modificando la Ley de Orden Público y prorrogando la Ley 418 de 1997.
La aprobación se logró mediante el mecanismo de “votación espejo”, que permitió unificar el texto entre ambas cámaras sin necesidad de una comisión de conciliación, luego de que la Cámara reabriera los artículos 2 y 25. En la votación final, la Cámara dio 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que el Senado registró 57 votos a favor y 24 en contra. Durante el proceso, se eliminó el artículo 25, que permitía contratación directa y reservada con recursos del Fondo Nacional de Seguridad (Fonsecon), con 78 votos a favor de su eliminación. También se aprobaron dos artículos nuevos que garantizan protección a la fuerza pública, con 56 votos, y se incluyó el artículo 17, que tipifica la deforestación y tala ilegal junto con la minería ilegal, obteniendo 65 votos.
Penas mínimas y condiciones de colaboración
La ley establece penas mínimas de 10 años de privación efectiva de libertad para cabecillas y de 6 años para colaboradores. Asimismo, contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para integrantes de base y hasta el 30 % para mandos, condicionadas a la colaboración eficaz y la entrega de bienes ilícitos. Se limitó la facultad reglamentaria del Gobierno a aspectos meramente operativos, evitando que se creen requisitos o beneficios adicionales. Los condenados cumplirán sus penas en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y se perderán los beneficios si se oculta información sobre personas desaparecidas.
“Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”.
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes
“No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes”.
Honorio Henríquez, presidente del Senado
El texto final también añadió la posibilidad de investigar a terceros mencionados por integrantes de grupos ilegales sin esperar una condena previa. Los programas de tránsito a la legalidad serán coordinados por la Agencia para la Reincorporación (ARN), con formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y lineamientos de los Ministerios de Trabajo y Educación, incorporando enfoques étnico, territorial y de género. No obstante, según el representante Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), quedan pendientes la definición de recursos y plazos para la reparación a víctimas, así como salvaguardas en los procesos de libertad condicional. Salamanca destacó que cuatro de sus once proposiciones fueron aceptadas y tres incorporadas parcialmente. Ahora, la pelota está en el escritorio del presidente De la Espriella, quien deberá sancionar la ley antes de la medianoche del miércoles para que entre en vigencia.
