La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas vinculadas al caso del menor Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia severa que falleció el pasado 13 de febrero, presuntamente por fallas en la atención médica y omisiones en la entrega de medicamentos. Los implicados son el médico tratante y directivos de la Nueva EPS. El ente acusador también compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por su posible intervención en la Nueva EPS y por la divulgación no autorizada de la historia clínica del menor.
La controversia se intensificó luego de que el presidente Petro denunciara públicamente que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ocultaba información sobre las causas de la muerte de Kevin. El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, respondió defendiendo la actuación de la institución. «El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que, primero, el instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones», declaró Cortés.
La solicitud de información y la tutela
Cortés reveló que el 4 de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor. «A lo que el instituto dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico», afirmó. No obstante, el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó una tutela por vulneración al derecho de petición, la cual fue declarada improcedente el 14 de abril por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. En su fallo, el juzgado determinó que no existía tal vulneración, respaldando la posición de Medicina Legal de que solo debe entregar estos informes a las autoridades judiciales.
El caso ha puesto en el centro del debate la protección de la privacidad de los pacientes, la posible negligencia médica y el manejo institucional de la crisis sanitaria que rodeó la muerte de Kevin Acosta. La Fiscalía, en su comunicado, señaló que la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones lo hace para que se investigue «la presunta responsabilidad del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir la Nueva EPS». Mientras tanto, el informe oficial de la necropsia será remitido a la Fiscalía para establecer las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes.
