La Fiscalía General de la Nación verificó una presunta intimidación armada contra jurados de votación en el municipio de Ricaurte, Nariño, durante la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio de 2026, y reportó tres capturas por delitos electorales y 31 detenciones de personas que tenían órdenes judiciales vigentes. El operativo especial desplegado por el ente acusador incluyó cerca de 8.000 servidores —entre fiscales, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otros funcionarios— en 35 seccionales del país, con el objetivo de atender denuncias y garantizar el desarrollo regular de la jornada electoral.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía, los grupos de policía judicial verificaron la información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte. La alerta fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil para tomar las medidas necesarias. Este hecho se suma a la denuncia que el Partido Conservador presentó el día anterior, 20 de junio, en la que advirtió sobre amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra votantes en San Pablo, también en Nariño, para que no respaldaran al candidato Abelardo de la Espriella ni el voto en blanco.
Intimidación en Ricaurte y amenazas del ELN
La región de Nariño, históricamente afectada por la violencia de grupos armados ilegales, fue el escenario de estos hechos que buscaban alterar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial. La Fiscalía desplegó un operativo especial para atender este tipo de situaciones, y en el comunicado oficial señaló: “Los grupos de policía judicial verifican información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño)”. La presencia de grupos armados durante el proceso electoral motivó el refuerzo de la vigilancia y la acción inmediata de los organismos de seguridad.
«Los grupos de policía judicial verifican información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño)»
Fiscalía General de la Nación, comunicado oficial
Cifras del operativo: capturas e incautaciones
Además de las tres capturas por delitos electorales, la Fiscalía materializó 31 detenciones de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos. Estas aprehensiones se realizaron en distintos puntos del país, incluyendo Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca, Nariño, Villavicencio, Inírida (Guainía), Valledupar y Cantagallo (Bolívar). Precisamente en Cantagallo, las autoridades incautaron 114 millones de pesos a tres personas que se movilizaban en una camioneta, y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos investiga el origen y destino de ese dinero.
«Asimismo, se han materializado 31 capturas de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos»
Fiscalía General de la Nación, boletín oficial
Otros incidentes electorales y hallazgos
Durante la jornada se registraron además varios hechos aislados que alteraron el orden en algunos puestos de votación. En Villavicencio, un ciudadano intentó suplantar a un testigo electoral, mientras que en Inírida, Guainía, una persona sufragó utilizando la identidad de otro ciudadano. En Valledupar, un hombre destruyó una urna electoral, lo que obligó a la intervención de las autoridades. Estos casos, junto con las intimidaciones en Nariño, reflejan las distintas formas en que se intentó afectar el proceso electoral. Por otra parte, los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y que acudieron a votar; estas personas se encontraban en departamentos como Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena. La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer todos los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
