La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) encendió las alarmas sobre el estado de las garantías para el ejercicio periodístico en Colombia, al publicar un informe que identifica cinco riesgos críticos durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026. El documento, divulgado después del 15 de octubre, contrasta las declaraciones del mandatario, quien afirmó que su administración “es y seguirá siendo siempre un garante” de la libertad de prensa, con una serie de hechos documentados que, según la FLIP, contradicen esa postura. Entre las alertas se encuentran procesos judiciales contra periodistas, restricciones al acceso a fuentes oficiales, cambios en los medios públicos, presiones sobre las líneas editoriales y un incremento de las agresiones contra la prensa. La organización formuló exigencias concretas al Ejecutivo y reiteró una invitación al presidente, enviada el 9 de septiembre, para sostener una reunión que aborde estas preocupaciones.
El informe de la FLIP reúne denuncias y reportes recopilados desde el inicio de la campaña presidencial, el 31 de enero, hasta el 12 de noviembre de 2026, evidenciando un panorama complejo para el periodismo. En el período analizado, se registraron cinco procesos judiciales contra periodistas, tres de ellos entre enero y la posesión de De la Espriella, y dos durante su mandato. Estas acciones legales, que la FLIP señala como intentos de censura que vienen desde 2018, se mantienen a título personal y a través del despacho De la Espriella Lawyers. “Su posición no le da licencia para intimidar a quienes investigan su trayectoria o cuestionan su gestión”, advierte la organización en el documento. Adicionalmente, entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre se contabilizaron 95 agresiones contra periodistas y medios, incluyendo 35 amenazas y el asesinato del comunicador Julián Hincapié en Anorí, Antioquia, un hecho que subraya la vulnerabilidad de quienes ejercen la profesión en regiones de conflicto.
Acceso a fuentes y medios públicos bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos señalados por la FLIP es la restricción al acceso a fuentes oficiales. La Directiva Presidencial 01, que establece una coordinación previa para que los funcionarios concedan entrevistas, es vista como una limitación al contacto directo con la prensa. “Una declaración o un video publicado no reemplaza una rueda de prensa”, cuestiona la fundación, que insiste en que la obligación del Estado es proteger a los periodistas, “no poner bajo sospecha su trabajo”. Esta situación se agrava con los cambios en los medios públicos. Un análisis de 830 horas de transmisión y contenido web de RTVC, desde el 7 de agosto, no identificó notas críticas a la gestión presidencial, lo que encendió las alertas sobre la independencia editorial. Además, el 18 de agosto se suspendieron 20 emisoras de paz y emisoras descentralizadas de Radio Nacional, una medida que la FLIP considera un golpe directo al periodismo regional.
“Una declaración o un video publicado no reemplaza una rueda de prensa”
FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa
La controversia se intensificó con una publicación del 12 de noviembre de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de campaña del presidente, quien escribió sobre “los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”. Esta declaración, que sugiere presiones sobre la pauta oficial, ha llevado a la FLIP a exigir una explicación del Gobierno. En paralelo, la organización mencionó, aunque sin atribuirlas directamente al Ejecutivo, las salidas del aire de programas como Mañanas Blu y la terminación del contrato del caricaturista Vladdo con Noticias RCN, así como amenazas y ataques contra instalaciones de Caracol TV, Caracol Radio y RCN Radio en Cali, hechos que refuerzan el clima de hostilidad denunciado.
Un llamado a la coherencia entre el discurso y la acción
La FLIP concluye su informe con una serie de exigencias al Gobierno, entre ellas que permita el acceso directo a fuentes oficiales sin intermediarios, que garantice la independencia de los medios públicos y que explique los señalamientos sobre la pauta oficial. La fundación pidió específicamente a RTVC informar las medidas para restablecer y garantizar contenidos periodísticos locales, y reiteró la invitación al presidente De la Espriella para reunirse, una solicitud que sigue sin respuesta. “La obligación [del Estado] es protegerlos, no poner bajo sospecha su trabajo”, sentencia la organización, en un llamado a que las palabras de garantía se traduzcan en hechos concretos que protejan el periodismo en Colombia.








