El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, informó que una auditoría ordenada por el presidente Gustavo Petro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reveló un total de 38 hallazgos, entre los que se identifican indicios de corrupción y un deterioro patrimonial de 1.19 billones de pesos. La investigación, que abarca fallas administrativas, fiscales, disciplinarias y penales, evidencia una profunda crisis en la gestión del fondo que administra las prestaciones de los docentes del país. “Por orden del Presidente @petrogustavo realizamos auditoría al Fomag: la conclusión es una: El Fomag le ha fallado al magisterio y le ha fallado a los colombianos”, afirmó Quintero al dar a conocer los resultados.
De los 38 hallazgos detectados, 34 son de carácter administrativo, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales. Todos serán remitidos a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes. Según el superintendente, las diferentes administraciones del Fomag han mostrado una actitud de “desorden y resistencia al cambio”, lo que ha agravado la situación financiera y operativa del fondo. “No se cumplieron las órdenes del Presidente y hay indicios de corrupción que han sido puestos en manos de las autoridades”, explicó Quintero.
Incumplimiento de órdenes y deterioro patrimonial
La auditoría dejó en evidencia que, de las 13 órdenes cautelares impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud para corregir irregularidades, apenas cuatro han sido cumplidas por las administraciones del Fondo. Este incumplimiento ha contribuido al acelerado deterioro patrimonial del Fomag: en diciembre de 2024 el déficit era de 250 mil millones de pesos; un año después, en diciembre de 2025, ya alcanzaba los 1.04 billones, y para abril de 2026 la cifra se disparó a 1.19 billones de pesos. Además, las cuentas por pagar del fondo ascienden a 2.3 billones de pesos, lo que refleja una situación financiera crítica.
El aumento de los reclamos del magisterio es otro indicador de la crisis. Durante 2024 se registraron 31 mil solicitudes, en 2025 la cifra creció a 44 mil y solo entre enero y abril de 2026 ya se contabilizan 17 mil reclamos. El 96 % de las quejas están asociadas a barreras de entrada y fallas en la labor del Fomag como intermediario. “El 96% de las quejas están asociadas a barreras de entrada, a cosas que no está haciendo bien el Fomag, no los médicos, sino el Fomag como intermediario”, detalló el superintendente.
Hallazgos de corrupción y sobrecostos
Entre los hallazgos más graves, la auditoría identificó un anticipo sin soporte por 19.890 millones de pesos y pagos injustificados por viajes que suman 475 millones de pesos, sin que se haya podido identificar a los beneficiarios ni el sustento de dichos desembolsos. “No tienen ningún soporte sobre por qué terminó el Fomag pagando viajes por todo el país”, señaló Quintero, quien calificó estas prácticas como inadmisibles.
Uno de los casos más emblemáticos es el del software Horus, un programa informático que debía mejorar la gestión del fondo. El contrato inicial fue por 4.800 millones de pesos, pero el monto total desembolsado llegó a 45 mil millones de pesos. A pesar de la millonaria inversión, el programa nunca funcionó. “Esto tiene que tener consecuencias”, afirmó el superintendente, quien además indicó que “evidentemente hubo un conflicto de intereses” en el proceso de adquisición del software.
Llamado a la rendición de cuentas
La Superintendencia Nacional de Salud subrayó que la situación se agravó por la falta de cumplimiento de medidas correctivas y la continuidad de prácticas irregulares. Quintero insistió en que los hallazgos deben tener repercusiones legales y que se debe restaurar la transparencia en la administración de los recursos públicos del magisterio. “Las diferentes administraciones del Fomag solo han cumplido cuatro de esas órdenes”, reiteró, en referencia a las órdenes cautelares emitidas previamente.
Con estos resultados, la Superintendencia busca generar presión para que se implementen las correcciones necesarias y se garantice que los docentes colombianos reciban las prestaciones a las que tienen derecho de manera oportuna y transparente. La auditoría, ordenada por el presidente Gustavo Petro, deja al descubierto una red de irregularidades que ahora deberán ser investigadas por las autoridades penales, fiscales y disciplinarias.
