Empresas Públicas de Medellín (EPM) encendió las alarmas de seguridad nacional al alertar al Congreso de la República sobre las graves amenazas que pesan sobre la infraestructura crítica de Antioquia. En una denuncia presentada por Daniel Francisco Moreno Peláez, jefe de Seguridad de la compañía, se reveló que el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo exigen millonarios pagos para permitir la operación del proyecto Hidroituango, el Metro de Medellín y la misma Alcaldía de la ciudad, en un preocupante escenario de cooptación territorial que habría tenido lugar entre agosto de 2025 y marzo de 2026.
La gravedad de la situación quedó expuesta durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se detalló que los grupos armados no solo amenazaron con atentar contra la hidroeléctrica más importante del país, sino que también establecieron un sistema de extorsión sistemático. Los criminales exigieron un pago inicial de 5.000 millones de pesos para permitir el funcionamiento de Hidroituango, además de cuotas mensuales de 500 millones de pesos. Como prueba de su capacidad de daño, las disidencias llegaron a bloquear 17 veredas en el municipio de Briceño, retuvieron trabajadores y expulsaron cuadrillas completas de la zona, mientras que en Medellín y Bello se registraron ataques contra tres torres de transmisión eléctrica.
La guerra contra la infraestructura y la vida
Las acciones violentas no se limitaron a la extorsión económica. La denuncia de EPM detalla que los criminales instalaron cilindros con explosivos en áreas estratégicas, realizaron sobrevuelos de drones para inteligencia hostil y perpetraron ataques que dejaron víctimas fatales: un sargento del Ejército murió y un soldado resultó herido por artefactos explosivos. En las centrales Porce II y Porce III, la minería ilegal se convirtió en otro frente de batalla, con el hallazgo de 26 socavones, una draga y dos campamentos donde se identificaron 124 personas dedicadas a esta actividad ilícita, consolidando un escenario donde el control territorial es ejercido por el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo.
La magnitud de la amenaza fue expuesta con crudeza por el senador Simón Molina, quien denunció que “el Clan del Golfo se atrevió a ponerle precio a Hidroituango: 5.000 millones de pesos de cuota de entrada y más de 500 millones mensuales para dejar funcionar la hidroeléctrica más importante del país. El Frente 36 exigía permisos escritos, retenía trabajadores y expulsaba cuadrillas a su antojo”. El congresista fue aún más enfático al calificar la situación como una declaración de guerra, señalando que “eso no es control territorial, es una declaración de guerra contra el Estado y contra Antioquia. Mientras se les ofrecían mesas y zonas de ubicación, ellos consolidaban su poder y cobraban peaje sobre la energía de Colombia”.
«Eso no es control territorial, es una declaración de guerra contra el Estado y contra Antioquia»
Simón Molina, senador
Frente a esta crisis, EPM activó los protocolos de seguridad en coordinación con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, restringiendo temporalmente el ingreso de trabajadores a sectores rurales de Briceño para proteger sus vidas. Sin embargo, el senador Molina solicitó al Gobierno nacional una intervención directa para recuperar el control territorial en el Bajo Cauca y desmantelar al Clan del Golfo, subrayando que la amenaza también se extendió a la comunidad de Granizal, en Bello, donde el Clan del Golfo cobra por agua cruda y revende agua potable, intimidando a conductores y líderes sociales que intentan garantizar el abastecimiento. Aunque no se materializaron atentados contra el Metro ni la Alcaldía de Medellín, la advertencia de EPM deja claro que la energía de Colombia y la seguridad de los antioqueños están en la mira de quienes pretenden convertir la infraestructura nacional en su botín de guerra.
