El general retirado Óscar Leonel Murillo Díaz, excomandante de la Séptima División del Ejército, denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo ejercieron presiones directas sobre las decisiones de salida, permanencia y ascenso de oficiales militares durante el desarrollo de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. En sus declaraciones, Murillo señaló que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría participado en seguimientos y perfilamientos contra altos mandos, y que un oficial retirado, Juan Carlos Maso Giraldo, quien se presentaba como asesor principal del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y luego fue designado presidente de Indumil, tuvo un rol clave en lo que calificó como una purga dentro del Ejército.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía en siete oportunidades, entre junio de 2023 y diciembre de 2024, con una ampliación significativa el 16 de abril de 2024, y hacen referencia a hechos ocurridos en regiones como Antioquia, Córdoba y Chocó, donde Murillo había liderado operaciones exitosas contra esos grupos armados. Según el oficial retirado, las presiones surgieron precisamente después de esos resultados operacionales, y se materializaron en reuniones como la del 28 de octubre de 2024, cuando once brigadieres generales fueron citados en el despacho del comandante del Ejército, Luis Emilio Cardoso. En ese encuentro, Cardoso habría leído una lista de oficiales que continuarían en sus cargos y otros que serían dados de baja, anulando los filtros previos de selección que correspondían a la institución.
“Tengo todas las evidencias de que eso fue real y de que emplearon a la Dirección Nacional de Inteligencia para ese tipo de seguimientos, y de que un oficial retirado, y lo digo con nombre propio, Juan Carlos Maso Giraldo, que decía que era el asesor principal del ministro (de Defensa) y que luego fue colocado como presidente de Indumil, tuvieron que ver en el proceso lo que se llama vulgarmente la purga de muchos oficiales en, hablo por mi Ejército”, afirmó Murillo en entrevista con Caracol Radio. En esa misma intervención, describió cómo en los comités de ascenso al grado de coronel se introducían notas de Contrainteligencia que bloqueaban el progreso de oficiales que habían superado todos los estudios requeridos.
Documentos, seguimientos y la sombra de la mesa de paz
Murillo aportó como prueba un oficio del Batallón de Inteligencia Militar No. 7, fechado el 6 de septiembre de 2022, que advertía sobre una estrategia del Frente de Guerra Occidental del ELN para deslegitimarlo, posiblemente debido a sus exitosos resultados operacionales contra esa guerrilla. El general retirado también señaló que el ELN entregó al entonces ministro Iván Velásquez un expediente con acusaciones sobre supuestos vínculos de Murillo con el Clan del Golfo, protección territorial en Chocó y favorecimiento de cuatro rutas del narcotráfico, material que habría sido presentado en la mesa de paz de La Habana y en una reunión previa en Caracas, donde el grupo guerrillero planteó que Murillo era inconveniente para la Paz Total.
“El general (Luis Emilio) Cardoso, comandante del Ejército, solamente saca una hoja de block y dice: ‘El Gobierno nacional va a trabajar con los siguientes’. (…) ¿Y dónde queda el nivel de selección de un comandante de fuerza con sus oficiales subalternos que lo han entregado todo por este país?”, cuestionó Murillo, quien pidió medidas de seguridad al considerarse objetivo militar del ELN, solicitud que le fue negada.
“No solo no hubo ninguna presión ni ninguna mención, sino que ni las Fuerzas Militares, ni el Ejército, ni el Gobierno Nacional tomaron una decisión de permanencia o no de algún miembro de las Fuerzas Militares en su cargo por una presión que ejerciera algún grupo armado ilegal”.
Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa
Por su parte, el entonces ministro Iván Velásquez negó categóricamente cualquier presión de grupos armados sobre las decisiones de permanencia de oficiales, en declaraciones a la prensa nacional. No obstante, Murillo insistió en que la política de Paz Total afectó la autonomía de las Fuerzas Militares, y solicitó al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella que revise el efecto de esas actuaciones sobre la institución militar. Las denuncias, que incluyen referencias a reuniones en la DNI y a la presunta anulación de filtros de ascenso, siguen bajo investigación de la Fiscalía, mientras el país observa el impacto de estas revelaciones en el proceso de paz y en la credibilidad de las fuerzas armadas.
