Una caravana de campaña del Pacto Histórico fue víctima de agresiones físicas y bloqueos en varios municipios de las provincias de Chucurí y Guanentá, en Santander, lo que obligó a la Gobernación a activar un Puesto de Mando Unificado para garantizar las condiciones democráticas durante el proceso electoral. Los hechos, que tuvieron lugar en Charalá, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, fueron denunciados por Jaime Rojas López, miembro del comité del Pacto Histórico en Zapatoca, quien atribuyó los ataques a presuntos simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según el dirigente, se trató de una estrategia coordinada para sabotear la participación política de la izquierda, con instalación de retenes informales, lanzamiento de piedras y agresiones físicas que afectaron especialmente a mujeres, niños y adultos mayores.
La Gobernación de Santander rechazó de manera categórica cualquier acto que limite el desarrollo normal de las actividades políticas y activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado que integra a la Policía, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y las autoridades municipales. Como parte de las medidas, se convocó a 87 alcaldes del departamento a una reunión extraordinaria para reforzar los canales de comunicación y la seguridad en los territorios. Sin embargo, las reuniones del PMU no lograron acuerdos concretos entre los involucrados, y la administración departamental advirtió que no descarta nuevas medidas si se repiten conductas que amenacen el proceso electoral.
Denuncias y procesos judiciales
Jaime Rojas López detalló que los ataques no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de hostigamiento con antecedentes en los mismos municipios. «Atacaron la chiva a piedra. Llegaron un grupo en el caso de Charalá y atentaron contra la integridad de los compañeros», declaró el dirigente, quien además hizo un llamado a respetar el marco constitucional. «El mensaje es muy claro y muy contundente, y es que dejen de estar violando la Constitución Política», afirmó Rojas, en referencia al artículo 40 de la Carta Magna que protege el derecho a la libre difusión de ideas y programas políticos. El comité del Pacto Histórico anunció que continuará documentando los incidentes y presentando denuncias ante las instancias pertinentes, mientras que varias mujeres agredidas ya iniciaron procesos penales y judiciales.
«Atacaron la chiva a piedra. Llegaron un grupo en el caso de Charalá y atentaron contra la integridad de los compañeros»
Jaime Rojas López, miembro del comité del Pacto Histórico en Zapatoca
La Gobernación, por su parte, envió circulares a los municipios para impulsar canales de comunicación y reforzar la vigilancia policial en las zonas donde se reportaron los bloqueos. Aunque no se han reportado cifras oficiales de heridos o detenidos, el clima de tensión persiste en las provincias de Chucurí y Guanentá. El comité del Pacto Histórico asegura que estos episodios buscan desalentar la militancia de base, pero ratificó que la caravana continuará con sus actividades de difusión en la región. La administración departamental reiteró su compromiso con las garantías democráticas y advirtió que tomará medidas ejemplares si se registran nuevos actos de violencia política.
