El extraditado Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, habría fingido su pertenencia a una comunidad indígena desde 2013 para obtener beneficios judiciales y evitar su extradición a Estados Unidos, donde debe responder por cargos de narcotráfico. Según documentación a la que tuvo acceso este diario, el Ministerio del Interior expidió el 8 de julio de 2026 una constancia oficial en la que figura como “miembro activo” de un resguardo, trámite que habría buscado como mecanismo para solicitar su traslado a un denominado “centro de sanación” en lugar de continuar en prisión. Sin embargo, el gobernador del resguardo indígena en la vereda Las Delicias, municipio de Contadero, Nariño, Juan Alberto Rosales, aseguró que su nombre y el de su comunidad fueron suplantados sin su consentimiento.
Pipe Tuluá, quien cumple una condena de 30 años por diversos delitos, ha estado detenido de forma ininterrumpida desde 2015. En junio de 2025 fue trasladado a la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, a la espera de su extradición a Estados Unidos. En ese contexto, aparecieron dos documentos clave: una certificación que indicaba que Marín Silva “se encuentra debidamente inscrito y registrado en nuestras bases censales… conserva la identidad cultural y social del Pueblo de Los Pastos”, y un acta de compromiso de tres páginas, fechada el 25 de junio de 2025, firmada al parecer por el Cabildo Indígena de Aldea de María Putisman, donde se ofrecía un espacio de reclusión alternativo calificado como “centro de sanación”, con camas, instalaciones sanitarias, agua, energía, cocina y sala de reflexión.
La negativa del gobernador indígena
Juan Alberto Rosales rechazó categóricamente haber firmado dichos documentos. En diálogo con este medio, afirmó que nunca solicitó el reconocimiento de Pipe Tuluá como miembro de su comunidad y que, por el contrario, ha enviado comunicaciones a la ley ordinaria advirtiendo que no recibirán al procesado en el resguardo. “No es que nosotros hayamos solicitado que lo reconozcan. No, nunca en ningún momento yo voy a solicitar que lo reconozcan, sino que él ya había estado escrito en nuestro resguardo desde 2013. Que a mí me falsificaron una documentación es diferente, yo incluso tengo un documento en la que le digo a la ley ordinaria que en ningún momento lo recibimos acá. Ese documento a mi me lo falsificaron”, declaró el gobernador.
“Nosotros cómo vamos a traer a una persona que ha cometido varios delitos, a nuestro resguardo. Él tiene que pagar la pena donde la ley ordinaria le diga”.
Juan Alberto Rosales, gobernador indígena
Rosales agregó que tiene testigos sobre la suplantación de su autoridad y que la documentación fue elaborada sin su conocimiento. Pese a su desmentido, la constancia emitida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, firmada por su directora Roquelina Sabis Blanco Moscarella, señala que Marín Silva figura en “estado activo como indígena” en el Sistema de Información Indígena de Colombia. El acta de compromiso, por su parte, incluye un extracto que dice: “El Cabildo Indígena de Aldea de María se compromete a prestar la vigilancia para que esta medida provisional se cumpla y nuestro comunero permanezca dentro del centro de sanación…”. Todo ello ocurre mientras el procesado espera su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por cargos relacionados con el narcotráfico.
