El jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, advirtió que la suspensión provisional de la resolución que dio origen a este proceso de negociación, ordenada por el Consejo de Estado, pone en grave riesgo los avances alcanzados en casi dos años de conversaciones. Novoa anunció que el Gobierno impugnará la decisión y acudirá a los recursos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo para controvertir la providencia, la cual considera tardía frente al desarrollo del proceso y con un impacto potencialmente grave sobre los resultados ya obtenidos en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Novoa explicó que el Gobierno defenderá los acuerdos ya ejecutados, entre los que se destaca una reducción cercana al 50% de las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado en Nariño y Putumayo, al comparar los datos de 2024 con los de 2025. Además, se han destruido 15 toneladas de material de guerra como parte de los compromisos pactados, y actualmente 99 personas que renunciaron a las armas permanecen en una zona de ubicación temporal, un proceso que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Defensa desde mayo de 2025. «No tendría sentido terminar esa zona y expulsar a quienes ya ingresaron al proceso, pues eso significaría devolverlos a la ilegalidad y exponerlos nuevamente a dinámicas de violencia», afirmó Novoa, subrayando el difícil momento que atravesarían estas personas si la suspensión se materializa sin una solución jurídica.
Avances en desarme y sustitución de cultivos
En el marco de la mesa de diálogos, también se ha registrado un avance significativo en la sustitución de cultivos ilícitos. En Putumayo, aproximadamente 14.000 familias están inscritas en el programa Renacemos, y en los últimos seis meses se ha logrado la erradicación voluntaria de cerca de 8.000 hectáreas de hoja de coca. Estos logros, según el jefe negociador, son fruto de un proceso que nunca incluyó un cese bilateral al fuego, pues Novoa aclaró que «nunca se pactó un cese bilateral al fuego y la Fuerza Pública no tuvo limitaciones para desplegar operaciones de control territorial». Además, rechazó versiones que sugerían que desde la mesa se hubieran impartido instrucciones para reducir operaciones militares, indicando que solo hubo suspensiones puntuales y temporales para facilitar traslados de integrantes del grupo.
«No tendría sentido terminar esa zona y expulsar a quienes ya ingresaron al proceso, pues eso significaría devolverlos a la ilegalidad y exponerlos nuevamente a dinámicas de violencia»
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es una escisión de la Segunda Marquetalia, fue el objeto de una resolución emitida en 2024 para crear la mesa de diálogos. Cabe precisar que el Gobierno expidió en junio de 2025 una resolución separada para designar negociadores con la Segunda Marquetalia, por lo que Novoa aclaró que la suspensión del Consejo de Estado no afecta a este otro proceso. El Gobierno espera ahora entregar al próximo Gobierno y a sus comisiones de empalme un informe completo sobre los logros de la mesa, mientras continúa la defensa jurídica de la resolución suspendida para evitar que los avances alcanzados se pierdan y las personas que ya se desmovilizaron queden expuestas nuevamente a la violencia.
