El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, mediante el cual modificó el ámbito territorial del Decreto 1261 del 19 de agosto, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la grave calamidad pública derivada del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. La corrección geográfica incorpora a los departamentos de Caquetá y Santander como zonas afectadas, mientras que excluye a Putumayo, luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) determinara que las afectaciones en ese departamento no tuvieron origen en el sismo. Con este ajuste, la declaratoria de emergencia cubre ahora 16 departamentos y 496 municipios en todo el país.
La delimitación inicial, basada en datos preliminares, enfrentó dificultades por la geografía accidentada, la dispersión de la población rural, los cierres viales por deslizamientos y los problemas de conectividad que impidieron una evaluación completa en los primeros días. El Ejecutivo, amparado en una sentencia de la Corte Constitucional que permite corregir la declaratoria original cuando nuevas evaluaciones precisan el alcance de la crisis, decidió ampliar la cobertura tras recibir reportes actualizados de daños directos en Caquetá y Santander, y retirar a Putumayo basándose en el reporte situacional número 47 de la Ungrd.
Ajustes en la declaratoria de emergencia
El texto del Decreto 1348 es claro en su disposición central: “Adiciónese el inciso 1 del artículo 1° del Decreto número 1261 de 2026, en el sentido de incluir, en el ámbito territorial de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública, a los departamentos de Caquetá y Santander, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026”. La medida, firmada el 31 de agosto, tiene una vigencia de 30 días y permite que los dos nuevos departamentos habiliten la recepción de ayudas excepcionales en materia de vivienda, salud, empleo, infraestructura, servicios públicos y reactivación económica. En contraste, Putumayo queda fuera al no acreditar daños directos del sismo, lo que implica que las facultades excepcionales no se aplicarán en ese territorio.
«Adiciónese el inciso 1 del artículo 1° del Decreto número 1261 de 2026, en el sentido de incluir, en el ámbito territorial de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública, a los departamentos de Caquetá y Santander, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026».
Decreto 1348 de 2026, Gobierno de Abelardo de la Espriella
Las cifras del desastre
De acuerdo con el reporte situacional número 54 de la Ungrd, con corte al 28 de agosto a las 06:30, el terremoto dejó 331 fallecidos, 4.449 heridos, 152 desaparecidos, 33.395 viviendas destruidas y 187.852 viviendas averiadas. Sin embargo, el balance consolidado al 1 de septiembre, tras la corrección territorial, actualizó las cifras: 331 fallecidos, 4.519 heridos, 136 desaparecidos, 364 rescates exitosos, 290.252 familias afectadas (equivalente a 466.606 personas), 37.542 viviendas destruidas y 200.929 viviendas averiadas. Los daños adicionales incluyen 5.871 edificios dañados y 651 colapsados; 400 centros de salud, 4.290 instituciones educativas y 5.698 centros comunitarios afectados; 468 vías, 5 aeropuertos, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales deteriorados; además de 3.018 animales afectados, de los cuales 2.976 fueron rescatados. La Ungrd advierte que estas cifras podrían variar conforme avancen las evaluaciones en los 496 municipios ahora cobijados por la emergencia.
El ajuste en la declaratoria responde también a la necesidad de que todas las medidas expedidas mantengan una relación directa con los daños causados por el terremoto, tal como lo exige el control constitucional posterior. La Sala de Crisis de la Ungrd continúa monitoreando la situación y recopilando información en los departamentos de Caquetá y Santander, donde se espera que la inclusión formal permita agilizar la asignación de recursos y la ejecución de obras de reconstrucción en las zonas más golpeadas por el sismo del 10 de agosto.
