El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó la Resolución número 6 de 2015, aquella que había ordenado la suspensión del uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. La medida, adoptada a través de un nuevo acto administrativo, fue publicada por la Casa de Nariño y restablece el marco legal para que el herbicida vuelva a ser empleado en fumigaciones desde aeronaves, aunque no de forma inmediata. La decisión fue tomada por el presidente, quien ejerce como máxima autoridad en la materia, y deja sin efectos la prohibición que había sido impuesta por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015.
Sin embargo, la derogatoria no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea. El mismo texto del nuevo acto administrativo, en su artículo segundo, es claro al señalar que no autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada. Para que la fumigación aérea con glifosato regrese a los campos colombianos, el gobierno deberá cumplir dos condiciones previas: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expida un Plan de Manejo Ambiental General vigente, conforme a lo ordenado por la Sentencia T-413 de 2021 de la Corte Constitucional, y que se complete el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas ubicadas en los núcleos de operación, tal como lo exigen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 21 de 1991.
Un paso administrativo con alto impacto ambiental y social
La Resolución número 6 de 2015, que ahora queda derogada, había sido dictada por el Consejo Nacional de Estupefacientes como respuesta a las crecientes críticas sobre los efectos del glifosato en la salud de las comunidades rurales y en los ecosistemas estratégicos del país. Durante los años que estuvo vigente, las operaciones de erradicación se limitaron a métodos manuales, con resultados dispares en la reducción de los cultivos de coca. Ahora, el nuevo gobierno restablece el uso potencial del herbicida, pero la reanudación efectiva de las aspersiones queda supeditada a un proceso administrativo y social que no tiene una fecha definida. La ANLA deberá elaborar un plan ambiental que mitigue los riesgos ecológicos, mientras las comunidades indígenas y afrocolombianas de las zonas productoras de hoja de coca deberán ser consultadas en pleno cumplimiento de sus derechos territoriales.
«Derogar la Resolución número 6 de 2015, por la cual se ordena la suspensión del uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.»
Artículo primero del nuevo acto administrativo
En los hechos, la derogatoria abre la puerta legal para que el glifosato vuelva a ser una herramienta de política antidrogas, pero la ejecución real de las fumigaciones solo ocurrirá cuando ambas condiciones estén satisfechas y existan los permisos legales y ambientales correspondientes. Mientras tanto, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado claro que no se realizará ninguna aspersión aérea hasta que la ANLA y los procesos de consulta estén culminados. La incertidumbre persiste sobre los plazos y la viabilidad social de retomar una práctica que durante años generó fuertes controversias en el país.
