El Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, dio por terminadas de manera oficial y definitiva las tres mesas de negociación que mantenía con grupos armados ilegales, mediante nueve resoluciones expedidas el pasado 28 de agosto de 2026. Las decisiones, que fueron anunciadas de manera simultánea, afectan directamente a las estructuras lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), más conocidas como Los Pachenca. Con estas resoluciones, el Ejecutivo revocó el reconocimiento a los representantes de los grupos, retiró a los funcionarios oficiales que hacían parte de las delegaciones gubernamentales y desmanteló todo el andamiaje administrativo y jurídico que permitía la interlocución con el Estado.
La decisión del Gobierno se fundamentó en lo que calificó como una “ausencia de voluntad de paz” en el caso de las estructuras de alias Calarcá, una “pérdida de voluntad de paz” respecto a la CNEB y, en el caso de Los Pachenca, la imposibilidad de certificar una intención genuina de reincorporación a la vida civil o una disposición real al sometimiento a la justicia. Estas valoraciones se dieron luego de revisar el desarrollo de los procesos, los cuales fueron abiertos durante la administración del expresidente Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total, y que llevaban meses estancados o con serios incumplimientos.
Resoluciones que sellan el fin de los diálogos
Entre los actos administrativos expedidos, la Resolución 342 de 2026 revocó la designación de Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González y Diana Carolina Rey Rodríguez como representantes de las estructuras de Calarcá, mientras que la Resolución 343 de ese mismo año concluyó formalmente el proceso con esos grupos debido a incumplimientos registrados durante el quinto ciclo de conversaciones. Vale recordar que este proceso había iniciado en octubre de 2023 e involucraba a los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. De manera paralela, la Resolución 346 de 2026 cerró la mesa con la CNEB, organización surgida tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia y que agrupaba a exintegrantes de distintas estructuras armadas; en esa misma resolución se revocó el reconocimiento a José Vicente Lesmes y a Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, y se ordenó el retiro del jefe negociador Armando Novoa García, así como de Parmenio Cuéllar y María Camilo Moreno.
Por su parte, la Resolución 348 de 2026 canceló el espacio de diálogo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. En este caso, el Gobierno ordenó reactivar las órdenes de captura contra sus líderes y revocó la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador gubernamental. Además, nueve integrantes de las Acsn, entre ellos Daniel Bravo Arias y Orlando Pérez Ortega, perdieron su estatus de representantes ante el Estado. Las resoluciones 342, 343, 346 y 348 son solo algunas de las nueve expedidas en esa fecha, todas encaminadas a desmontar los procesos de paz y a dejar sin efecto cualquier acto administrativo que permitiera la interlocución con estos grupos.
El cierre de las mesas de diálogo también tiene implicaciones judiciales internacionales. Figuras como Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, y Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, aparecen en procedimientos relacionados con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, lo que añade presión sobre los líderes de estas organizaciones ahora que han perdido el blindaje jurídico que les otorgaba su participación en las negociaciones.
