En el último día del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1000 de 2026, una norma que actualiza de manera integral las Zonas Diferenciales para territorios apartados y que será implementada por la administración entrante de Abelardo de la Espriella. La ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, quien ocupó el cargo durante los últimos 18 meses del mandato saliente, dejó listo el marco normativo que busca responder a las necesidades reales de movilidad de cientos de municipios y regiones del país donde las condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales, étnicas, de seguridad o de infraestructura hacen que el transporte convencional no funcione.
La normativa anterior, que enfocaba la declaratoria de Zonas Diferenciales principalmente en territorios rurales, ya no respondía a la realidad de muchos municipios que enfrentan brechas profundas de conectividad. Por eso, el nuevo decreto amplía los criterios para que una zona pueda ser declarada como diferencial, ya no limitándose únicamente a la ruralidad, sino contemplando un espectro más amplio de circunstancias que dificultan el desplazamiento de las comunidades. Con esto se autorizan soluciones de transporte adaptadas a cada contexto, que pueden ser motorizadas, no motorizadas o fluviales, y se incluye por primera vez la financiación estatal de rutas escolares, un componente esencial para garantizar el derecho a la educación en las regiones más apartadas.
Vigencia y alcance de la nueva norma
La vigencia inicial de las Zonas Diferenciales será de cuatro años, con la posibilidad de una única prórroga de hasta dos años adicionales, lo que otorga un horizonte de planificación a mediano plazo para las autoridades locales y regionales. El decreto también prevé acompañamiento técnico y mecanismos de evaluación periódica, de modo que las estrategias implementadas puedan ajustarse según los resultados. Sin embargo, en el texto original no se reportan cifras concretas de presupuesto, beneficiarios o inversión, un aspecto que queda pendiente de definición por parte del nuevo Gobierno.
La implementación efectiva del Decreto 1000 de 2026 recae ahora en manos del presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo de Gobierno, quienes deberán coordinar con alcaldías, gobernaciones y autoridades de transporte la definición de recursos, rutas, vehículos y modelos de operación. Las comunidades apartadas del país esperan que esta nueva herramienta normativa se traduzca en una mejor conectividad, en la puesta en marcha de rutas escolares financiadas por el Estado y en alternativas de transporte que se ajusten a las particularidades de cada territorio. El seguimiento periódico y la evaluación de impacto serán clave para que esta política no se quede únicamente en el papel y logre reducir de manera efectiva las brechas de movilidad que históricamente han marginado a millones de colombianos en zonas de difícil acceso.
