El Gobierno nacional denunció este lunes 26 de octubre un presunto plan para atentar contra la vida del registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos. La alerta, que habría surgido desde un centro penitenciario, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes y desencadenó un amplio rechazo por parte de distintas esferas políticas y sociales del país. La información fue trasladada inicialmente al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien a su vez la puso en conocimiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella; del vicefiscal general encargado, Gilberto Guerrero; y del propio registrador, que se encontraba en Brasil como jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales para las elecciones presidenciales de esa nación.
Si bien no se han revelado elementos sobre la forma en que se ejecutaría el eventual atentado ni se ha identificado públicamente a los posibles responsables, el esquema de seguridad de Penagos será fortalecido durante los próximos días mientras avanza la verificación oficial. La Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach Pacheco, pidió reforzar de inmediato la protección del registrador e identificar con rapidez a quienes resulten responsables del entramado. Desde la propia Registraduría se indicó que el funcionario ya fue notificado de la alerta y que se adoptaron medidas preventivas mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes.
Rechazo generalizado y respaldo institucional
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, condenó de manera tajante cualquier amenaza contra la vida del registrador y subrayó la labor que este ha cumplido al frente de la organización electoral. «Rechazo total a cualquier amenaza a la vida de cualquier persona, de cualquier funcionario público (…) el registrador general de la Nación lo único que ha hecho es cumplir la tarea con responsabilidad, con entrega, con rigor, en una tarea que no es sencilla y este país tiene que rechazar eso de plano y de facto», afirmó Restrepo. En la misma línea, la Procuraduría General de la Nación publicó un mensaje contundente en su cuenta oficial de la red social X, en el que señaló que «la democracia no se amedrenta».
La Defensoría del Pueblo también se pronunció mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con los integrantes de la organización electoral y rechazó los actos de amenaza y hostigamiento. El organismo recordó que las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello. Este pronunciamiento se suma al que la propia Defensoría emitió en agosto pasado, cuando rechazó mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas contra Penagos, otros funcionarios y las instalaciones de la Registraduría, y pidió a la Fiscalía investigar los hechos y a la Unidad Nacional de Protección evaluar el nivel de riesgo.
Un clima de hostilidad que viene de atrás
La alerta conocida este lunes se da en medio de un clima de creciente hostilidad contra la Registraduría, alimentado por acusaciones de fraude sin pruebas. Durante las elecciones presidenciales en Colombia, el expresidente Gustavo Petro cuestionó a Penagos y a la entidad por un presunto fraude electoral que habría beneficiado al hoy presidente Abelardo de la Espriella. Petro puso en duda el censo electoral, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos utilizados en los comicios. Ante la falta de rectificación, Penagos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para proteger su buen nombre, su honra y el de la institución. El alto tribunal admitió el recurso para su estudio, aunque aún no hay una decisión de fondo.
La controversia constituye un antecedente importante del clima de presión contra la Registraduría, aunque no prueba una relación directa con el presunto plan de atentado conocido el lunes. Lo cierto es que la denuncia generó repudio y solidaridad con el registrador por parte de varios sectores políticos y sociales, que coincidieron en rechazar cualquier intento de amedrentamiento contra quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la verificación de la información surgida desde el centro penitenciario y se definen medidas para reforzar el esquema de protección de Hernán Penagos, cuyo trabajo al frente de la organización electoral continúa siendo objeto de ataques en medio de un escenario de polarización política.
