En una declaración difundida a través de los canales oficiales de la Presidencia, el vocero del Gobierno, Miller Soto, fue contundente al referirse al mecanismo de sometimiento que prepara la administración del presidente Abelardo de la Espriella: «Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente». La afirmación, que marca la hoja de ruta del Ejecutivo frente a las organizaciones criminales, descarta de plano cualquier posibilidad de negociación política o reconocimiento de estatus político para quienes hoy delinquen. Soto enfatizó que el presidente de la Espriella «lo dijo de frente: en este Gobierno los criminales no tienen estatus político, ni contemplaciones, ni impunidad».
La ley de sometimiento, cuya articulación está a cargo de los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, junto al propio mandatario, será presentada al Congreso en los próximos meses. La declaración del vocero se conoció un día después de la entrevista que Cancino concedió a Semana el 19 de septiembre, en la que el ministro ya había adelantado que el proyecto está en fase avanzada y en revisión por la Presidencia. El mecanismo, que contempla una fase preparatoria y otra de judicialización, busca establecer una ruta jurídica clara para los integrantes de organizaciones criminales que decidan acogerse a la ley, pero sin generar los espacios de negociación que caracterizaron a mecanismos anteriores.
Beneficios condicionados y reparación a víctimas
El proyecto establece una diferenciación clave en las rebajas de pena: quienes ocupen funciones de liderazgo o mando dentro de las estructuras criminales podrían acceder a una reducción de hasta un 30%, mientras que los demás miembros de la organización podrían alcanzar un 50% de descuento, aunque este beneficio no sería automático. La libertad condicional, por su parte, exigiría el cumplimiento de las cuatro quintas partes de la condena, un estándar más riguroso que las tres quintas partes que se exigen en la justicia ordinaria. Según explicó Soto, todos estos beneficios estarán supeditados a condiciones estrictas: reparación integral a las víctimas, entrega de bienes ilícitos, aporte de información veraz, revelación de rutas de desaparición forzada y liberación de secuestrados.
«No es diálogo. El que delinque llega a acogerse, a someterse, no a negociar»
Miller Soto, vocero del Gobierno
El vocero fue enfático en aclarar que las órdenes de captura vigentes se mantendrán y que las solicitudes de extradición no se suspenderán para quienes se acojan al mecanismo. Quienes ya se encuentren capturados no ingresarían al sometimiento voluntario, y tampoco se contempla la creación de sitios especiales de reclusión: los sometidos cumplirían sus penas en cárceles ordinarias. La posición de la víctima será determinante para acceder a la libertad condicional o a la suspensión de la pena, lo que otorga un papel protagónico a quienes han sufrido directamente la violencia. Soto insistió en que el sometimiento deberá ser «real» y «verificable», y que el proyecto incluye además un componente de cárceles productivas orientadas a desarrollar capacidades durante la condena.
La propuesta gubernamental se complementa con un estatuto antiterrorista que atacará las rentas de la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos, además de un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las grandes estructuras criminales. En cuanto a las personas requeridas en extradición, estas podrían regresar al país para resolver su situación jurídica una vez cumplan las condiciones impuestas en el exterior. La entrega de bienes ilícitos será obligatoria y los recursos se destinarán, entre otros fines, a la reparación de las víctimas. «El Gobierno va a demostrar que sembrar terror es el peor de los negocios, que el crimen se someta a la ley y no la ley al crimen», concluyó Soto, quien resumió el espíritu de la iniciativa: «Se trata de dar una salida a quien deje las armas, a quien deje el negocio, a quien se someta a la ley».
