El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, puso en entredicho el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que registró la muerte de 65 menores de edad en operaciones militares durante el cuatrienio del Gobierno de Gustavo Petro, al asegurar que esa cifra no corresponde exclusivamente a fallecimientos ocurridos en bombardeos de la fuerza pública. Las declaraciones del funcionario se produjeron después de que el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, presentara el balance el pasado 1 de julio de 2025, basado en necropsias practicadas a víctimas entre los 14 y 17 años, procedentes en su mayoría de regiones como Guaviare, Arauca y Putumayo, donde confluyen operaciones contra grupos armados ilegales.
Ante las cifras, Sánchez afirmó que la estadística consolidada por Medicina Legal no discrimina entre muertes en bombardeos y las ocurridas en otro tipo de enfrentamientos dentro del conflicto armado. «Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero, específicamente en bombardeos, ese no es el número», manifestó el ministro, quien anunció que su cartera adelantará una revisión para precisar cuántos de los 65 menores perdieron la vida específicamente en bombardeos, sin que hasta el momento se haya informado de un proceso conjunto para unificar metodologías de registro entre ambas entidades.
Las cifras y las zonas más afectadas
Según el reporte de Medicina Legal, los menores fallecidos tenían edades que oscilaban entre los 14 y 17 años, y las principales zonas donde se presentaron los decesos son las periféricas del país, con énfasis en los departamentos de Guaviare, Arauca y Putumayo. Ariel Cortés explicó que «tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual», basada en análisis forenses realizados a los cuerpos. Estas regiones son escenario de combates entre las fuerzas militares y disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, así como el Clan del Golfo, organizaciones que, según el Gobierno, recurren al reclutamiento forzado de menores.
El informe de Medicina Legal reactivó el debate sobre el impacto de las operaciones contra grupos armados en territorios con alta presencia de reclutamiento forzado. Mientras el Instituto Forense habla de «operaciones militares» en general, el Ministerio de Defensa enfatiza que la estadística no distingue entre bombardeos y otro tipo de enfrentamientos, lo que abre una controversia sobre la transparencia y la precisión de los datos presentados.
«Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido por quienes reclutan a nuestros menores, por Mordisco, Calarcá y el Clan del Golfo. La única violación que hay es el crimen cometido por estos grupos ilegales. La inteligencia no ha fallado, pero es un objetivo militar dinámico, no estático».
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La responsabilidad de los grupos ilegales
En sus declaraciones, Sánchez responsabilizó directamente a las organizaciones criminales por la situación de los menores, asegurando que estos son víctimas de reclutamiento forzado y que la fuerza pública actúa con base en inteligencia para minimizar daños. «Gracias a la inteligencia, se logró ubicar a los objetivos militares y causar el mínimo daño a los menores víctimas del reclutamiento forzado», sostuvo el ministro. Sin embargo, reconoció que la presencia de menores en los campamentos ilegales convierte a los bombardeos en un escenario complejo, ya que los objetivos militares son dinámicos y no estáticos.
El debate no solo gira en torno a la cifra exacta, sino también a la forma en que se contabilizan las muertes en medio del conflicto. Mientras Medicina Legal afirma que sus datos provienen de necropsias forenses, el Ministerio de Defensa advierte que incluir todas las muertes en operaciones militares sin diferenciar el tipo de acción puede generar una percepción inexacta. Sánchez anunció que su cartera presentará un reporte oficial tras revisar la información disponible. «El reporte lo informaremos oportunamente para corroborar las cifras de Medicina Legal», puntualizó, sin precisar plazos ni detalles sobre la metodología que emplearán.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el reclutamiento forzado de menores en Colombia, un delito que, según organismos internacionales, se ha intensificado en zonas donde los grupos armados disputan el control territorial. La controversia entre las cifras de Medicina Legal y la postura del Ministerio de Defensa deja abierta la pregunta sobre cuántos menores han muerto realmente en bombardeos y cuántos en otro tipo de enfrentamientos, una distinción que podría ser relevante para evaluar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
