La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encendió las alarmas al manifestar su preocupación y realizar seguimiento a las amenazas y agresiones que han sufrido comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria, en hechos ocurridos durante la última semana. A través de un comunicado divulgado el jueves 2 de julio, el organismo internacional hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que actúen con celeridad y protejan la vida y la permanencia de estas familias en los predios que el Estado les ha adjudicado.
Las intimidaciones y hostigamientos se han registrado en regiones como Meta, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Magdalena Medio, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha entregado más de 3.000 hectáreas como parte de la política de reforma agraria. Según la ONU, existe un patrón sistemático detrás de estas agresiones, cuyos objetivos serían forzar a los campesinos a abandonar las tierras que les fueron otorgadas legalmente. El exdirector de la ANT, Felipe Harman, ya había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía el pasado 30 de junio, en la que pone en conocimiento estos hechos de violencia.
Llamado a la investigación y protección jurídica
En su pronunciamiento, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no solo condenó los hechos, sino que exigió a las autoridades competentes adelantar investigaciones para identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las agresiones ocurridas en los últimos días. “ONU Derechos Humanos, de acuerdo con su mandato, está dando seguimiento a información muy preocupante recibida en la última semana, sobre agresiones y amenazas contra comunidades campesinas”, señaló el organismo en un comunicado.
“Condenamos estas amenazas y agresiones para que las personas campesinas o que trabajan en zonas rurales dejen sus tierras y se desplacen de los lugares que el Estado les ha entregado”
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La ONU también hizo un llamado para que tanto el actual Gobierno como el que asuma en el próximo período protejan jurídicamente los derechos adquiridos por las familias sobre esos predios. “Y que tanto este Gobierno actual como el Gobierno siguiente proteja jurídicamente sus tierras”, agregó la dependencia, en un mensaje que trasciende la coyuntura inmediata y apunta a garantizar la seguridad jurídica de la reforma agraria a largo plazo.
La preocupación no es nueva. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ya habían advertido previamente que la seguridad de los beneficiarios de la reforma agraria representa uno de los desafíos clave del proceso, en territorios donde persisten conflictos históricos por la tierra y la presencia de actores armados ilegales. Ahora, con las denuncias formales y el seguimiento de la ONU, se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones mientras el Estado despliega medidas de protección integral que permitan a los campesinos no solo conservar su integridad física, sino también permanecer en las tierras que por derecho les pertenecen.
