En medio de un intenso debate sobre el verdadero propósito de las cámaras de fotodetección en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad salió al paso de las críticas del representante a la Cámara Daniel Briceño, defendiendo el uso de estos dispositivos como una herramienta fundamental para salvar vidas y no como un simple mecanismo de recaudo. La controversia se desató luego de que el congresista cuestionara el elevado monto recaudado por concepto de sanciones, que asciende a 552.000 millones de pesos entre 2024 y abril de 2026, y señalara que una parte significativa de estos recursos se destina a gastos administrativos de la misma Secretaría. Frente a estos señalamientos, la entidad distrital respondió de manera contundente a través de sus redes sociales, invitando a centrar la discusión en la evidencia que demuestra la efectividad de las cámaras para reducir la siniestralidad vial.
La respuesta de la Secretaría de Movilidad se basó en cifras concretas que buscan contrastar la visión del representante Briceño. Según los datos aportados por la entidad, en los tramos de la ciudad donde operan las cámaras, se ha registrado una reducción promedio del 30 por ciento en el número de fallecidos por siniestros viales entre 2022 y 2024, en comparación con las vías que no cuentan con estos dispositivos. Además, se estima que las cámaras permiten evitar hasta 42 muertes y cerca de 1.700 lesionados cada año. “Representante, reducir las cámaras de fotodetección a una discusión sobre recaudo desconoce lo más importante: las vidas que salvan”, afirmó la entidad en una de sus publicaciones, agregando que están abiertos a discutir la mejora de la operación, ubicación y control de los equipos, pero que no se puede ignorar la evidencia de que reducir la velocidad salva vidas y evita lesiones graves.
Los cuestionamientos del representante Briceño
Del otro lado de la controversia, el representante Daniel Briceño ha insistido en que el programa de fotomultas se ha convertido en un negocio lucrativo para el Distrito. En sus declaraciones públicas, el congresista detalló que el 60 por ciento de las multas impuestas corresponden a excesos de velocidad considerados leves, entre los 56 y 60 kilómetros por hora, lo que a su juicio revela un afán recaudatorio más que una verdadera política de seguridad vial. Asimismo, denunció que de cada tres pesos recaudados, uno se destina a la estructura burocrática de la Secretaría de Movilidad. “Señores Secretaría de Movilidad no pueden seguir ocultando que gran parte del más de medio billón de pesos recaudado en cámaras en los últimos 2 años se va a alimentar el apetito burocrático voraz al interior de la Secretaría de Movilidad”, aseveró Briceño en sus redes sociales, alertando además sobre la proyección de instalar más cámaras en importantes corredores como la calle 26, la avenida de las Américas y la NQS.
“Lo que no deberíamos hacer es ignorar la evidencia: cuando bajamos la velocidad, salvamos vidas y evitamos lesiones”
Movilidad Bogotá, vía red social
La polémica se extiende a la Vía al Mar y al presidente de la República
El debate sobre las fotomultas ha trascendido las fronteras de Bogotá y ha encontrado un eco significativo en la polémica que rodea a la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Allí, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidió la suspensión de la instalación de tres nuevas cámaras de velocidad, argumentando que las siete que estarían operando en ese corredor vial resultan excesivas. “Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas”, afirmó la ministra, quien abogó por priorizar soluciones integrales que combinen ingeniería, señalización, pedagogía y control, en lugar de depender únicamente de la fotodetección. Esta postura fue respaldada de inmediato por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien a través de sus redes sociales celebró la decisión de la ministra y pidió una revisión amplia del sistema de fotomultas en todo el territorio nacional. El mandatario fue enfático al señalar que estos mecanismos “deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”, una declaración que se suma a las críticas que han surgido desde distintos sectores sobre el funcionamiento de las cámaras en el país.
El cruce de declaraciones entre la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el representante Daniel Briceño, enmarcado en un contexto nacional de cuestionamientos al sistema de fotomultas, deja en evidencia un profundo dilema entre la efectividad comprobada de los dispositivos para reducir la siniestralidad vial y las denuncias sobre un posible uso abusivo de los mismos con fines de recaudación. Mientras la Secretaría insiste en que la prioridad es la vida y ofrece discutir mejoras en la operación, las voces críticas, ahora respaldadas por la más alta investidura del Estado, exigen una revisión profunda de un sistema que, según denuncian, se ha desviado de su propósito original para convertirse en una carga para los ciudadanos y un negocio para la burocracia distrital. El futuro de las cámaras en Bogotá y en el resto del país parece depender de si se logra conciliar la evidencia técnica con la percepción de abuso que ha calado en amplios sectores de la opinión pública.
