El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Vivienda, implementó en 2024 regulaciones clave para desvincular los precios de las viviendas de interés social (VIS) del salario mínimo, fijándolos directamente en pesos con base en los costos reales de construcción y una utilidad razonable para las empresas constructoras. Esta medida, respaldada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca evitar distorsiones en el mercado y exigir mayor responsabilidad al sector constructor, recordando que los precios deben expresarse en valores fijos independientemente de plazos de entrega futuros. La viceministra de Vivienda, Marsiglia Bello, anunció estas normativas durante un evento en el departamento de Risaralda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece un tope de 135 salarios mínimos para las VIS sin incrementos automáticos injustificados.
La desaceleración del sector habitacional es evidente en las cifras: las ventas anuales cayeron de un récord de 250.000 unidades a solo 150.000 en la actualidad, cuando se proyectaban 300.000 para 2025; la participación de las VIS en las ventas totales bajó del 78% al 56%, con un alarmante 76% de desistimientos de compra en el segundo semestre de 2023. Además, de la meta de 200.000 subsidios establecida en el PND para el cuatrienio 2022-2026, no se han adjudicado ninguno en 2025 ni en los primeros meses de 2026, lo que deja a 100.000 hogares sin cierre financiero para materializar su sueño de vivienda propia. Este panorama agrava el déficit habitacional del 26% en el país y ha estancado el crédito de vivienda en un 8%, excluyendo a familias vulnerables mientras beneficia a especuladores e inversionistas.
Alertas sobre distorsiones y reducción en oferta VIS
Las nuevas disposiciones responden a tendencias preocupantes como la reducción en el tamaño y calidad de las VIS, incluso en regiones sin altos costos de tierra, y un proyecto de decreto que fija el tope en 135 salarios mínimos en pesos fijos. Marsiglia Bello enfatizó la necesidad de corregir estas distorsiones para no excluir a los más vulnerables del mercado. Por su parte, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, intervino en el mismo evento de Risaralda para advertir sobre el incumplimiento de metas y la profundización de la crisis en el sector.
“Los costos reales de construcción y una utilidad razonable para las empresas”
Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda
“Desde el Ministerio, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, hemos emitido normativa para recordarles a las familias que la vivienda debe expresarse en pesos fijos, independientemente de que la entrega se vaya a hacer en tres o cuatro años”
Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda
Malagón propuso una agenda ambiciosa para revertir la tendencia, incluyendo la construcción de un millón de viviendas entre 2026 y 2030 mediante subsidios a la demanda, incentivos al ahorro, modelos innovadores como el senior living y una reforma integral de la cadena de valor del sector. Estas iniciativas buscan reactivar la oferta VIS, estabilizar el mercado y garantizar que las familias de bajos ingresos, especialmente en regiones como Risaralda y el Eje Cafetero, accedan a opciones dignas sin especulación que las deje al margen.
“No solo se está incumpliendo la meta, sino que son 100.000 hogares que no lograrán el cierre financiero para cumplir el sueño de tener una vivienda”
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria
