El Gobierno Nacional, mediante el director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación, Mauricio Urquijo, solicitó a la directora de la Fundación Pascual Bravo la suspensión inmediata de la participación de los gestores de convivencia en los operativos policiales de Medellín, tras denuncias por presuntas extralimitaciones en un incidente ocurrido a principios de abril en el parque Bolívar, donde se registraron agresiones a un ciudadano extranjero venezolano. Esta instrucción se dio durante una sesión del consejo directivo de la Institución Universitaria Pascual Bravo, y también se pidió información detallada sobre los contratos relacionados con estos gestores, adscritos a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín a través de la Fundación Pascual Bravo, que ejecuta programas de convivencia y seguridad con un contrato clave, el 5498 de 2025, por 6.400 millones de pesos.
El video del incidente muestra cómo los gestores redujeron al suelo al venezolano durante una intervención policial por orinar en vía pública y consumir sustancias, lo que generó múltiples quejas ciudadanas por el ejercicio indebido de autoridad, ya que estos civiles no pueden asumir roles policiales ni acompañar operativos de control social o represivos. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que el individuo fue trasladado al Centro de Traslado por Protección con un comparendo, y que los ciudadanos involucrados tenían antecedentes y reaccionaron con insultos, en un contexto de labores cívicas destinadas a promover la cultura ciudadana.
Investigaciones en curso y antecedentes
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía y la Policía por estas presuntas agresiones, mientras la Personería de Medellín abrió una investigación disciplinaria. Este no es un caso aislado, pues en octubre anterior ya hubo señalamientos contra gestores durante un altercado en la avenida El Poblado, destacando patrones de irregularidades en su actuación.
«Le solicitamos a la directora de la Fundación Pascual Bravo que suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de los denominados gestores de convivencia a los operativos de la Policía Nacional de Colombia».
Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional
«Estos denominados gestores de convivencia han sido civiles que han recibido varias quejas, denuncias ciudadanas públicas por algunas extralimitaciones».
Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional
Urquijo enfatizó que tales prácticas son ilegales, al subrayar que los gestores no pueden ejercer autoridad policial ni delegar acompañamientos en operativos de fuerza pública, lo que pone en jaque los contratos vigentes y obliga a una revisión inmediata de los programas de convivencia en Medellín.
«Ellos no pueden ejercer ningún tipo de autoridad policial, ni se les puede delegar ninguna clase de acompañamiento a operativos de control social y mucho menos de carácter represivo».
Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional
«Son ilegales y es por esta razón que solicitamos que se suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de estas personas a operativos de la fuerza pública».
Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional
Esta medida del Gobierno Nacional busca frenar posibles abusos y garantizar que las labores de promoción ciudadana no se confundan con funciones policiales, en medio de un escrutinio creciente sobre la gestión de seguridad en la capital antioqueña.
