El Ministerio de Defensa Nacional negó este miércoles que se hayan registrado afectaciones a la población civil durante un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares la noche del lunes 10 de agosto de 2026 en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La versión oficial contrasta con la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, que reporta al menos tres campesinos heridos, entre ellos una mujer de 44 años, así como desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra.
La operación militar, dirigida contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó como resultado dos presuntos miembros de esa guerrilla neutralizados, la incautación de 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para drones, además de la destrucción de dos búnkeres y cinco campamentos. El Ministerio puntualizó que la acción no se desarrolló en la vereda El Sinaí, en San Calixto, como había circulado en redes sociales, sino en zona rural de esa misma localidad, y aseguró que fue planificada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, priorizando la protección de la población civil.
Versiones encontradas sobre el impacto humanitario
Mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo días atrás, ratifica su línea de mano dura sin apertura de negociaciones de paz, la Defensoría del Pueblo insiste en que el bombardeo evidencia los graves riesgos que enfrenta la población civil en el Catatumbo, una región marcada por la disputa territorial entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc. El organismo de derechos humanos exige reforzar la planeación de este tipo de operativos bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad.
«No se registraron afectaciones a la población civil durante el desarrollo de la operación»
Ministerio de Defensa Nacional
«Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna»
Defensoría del Pueblo
La ofensiva, la primera de su tipo bajo la administración de De la Espriella, coincidió con enfrentamientos recientes en Cauca, Tolima, Meta y Antioquia, lo que refuerza la percepción de una escalada militar en varias regiones del país. La información sobre víctimas y desplazamientos continúa bajo verificación institucional, mientras la Defensoría del Pueblo insiste en que se debe dar prioridad a la asistencia humanitaria de las comunidades afectadas.
