El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó este viernes que el Gobierno nacional ordenó a todas las entidades del Estado, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reducir gastos durante el resto de 2026 y 2027, argumentando una “crisis fiscal heredada”. La declaración se produce en medio de la controversia generada por la carta que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) alertando sobre posibles riesgos para la independencia del tribunal transicional. Lara, a través de su cuenta en la red social X, respaldó el plan de recorte presupuestal y señaló que la respuesta del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la misiva de Ramelli fue “respetuosa e institucional”.
El debate surge por la diferencia entre la solicitud presupuestal de la JEP para 2026, que asciende a 947.642 millones de pesos, y la partida prevista en el proyecto del Gobierno, de 821.803 millones de pesos. Según datos oficiales, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos desde su creación en 2018, con un presupuesto para 2025 de 777.069 millones de pesos y uno aprobado para 2026 de cerca de 744.659 millones de pesos. La nómina de la entidad para el próximo año está calculada en 404.477 millones de pesos. Ante este panorama, el ministro Lara afirmó que “ante la crisis fiscal heredada, todas las entidades del Estado (nacionales, territoriales, judiciales y de control) tenemos el deber de recortar gasto superfluo e improductivo, en 2026 y en 2027”, y añadió que “en varias entidades hay mucha grasa y en muchas entidades hay politiquería y derroche”.
El presidente De la Espriella, por su parte, rechazó el contenido, el alcance y el tono de la carta enviada por Ramelli a la CPI, defendiendo la asignación de recursos y el debate presupuestal como parte del funcionamiento constitucional. “Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando”, escribió De la Espriella en X. El mandatario también subrayó que “eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal” y que “no acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”. Además, cuestionó el ritmo de producción de sentencias de la JEP, cuyas primeras decisiones restaurativas se emitieron hasta 2025, y aludió a datos sobre la remuneración de Ramelli y sus ingresos desde que ingresó a la entidad.
“El mensaje del Presidente es respetuoso e institucional, pero también es muy claro. Austeridad no es incumplir acuerdos internacionales. Es mejorar y cumplirle al país en un momento difícil”
Rodrigo Lara, ministro del Interior
La controversia se enmarca en la carta PRS-239-2026, fechada el 18 de septiembre de 2026, en la que el presidente de la JEP alertó a la Fiscalía de la CPI sobre posibles riesgos para la independencia y el funcionamiento del tribunal transicional. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de austeridad frente a la crisis fiscal, el sector judicial y organismos internacionales observan con atención los efectos de estos recortes en la autonomía de la JEP. El presidente De la Espriella sostuvo que el examen de las cuentas de la entidad no equivale a intervenir en las decisiones de sus magistrados, en un intento por desmarcar la discusión presupuestal de una eventual injerencia política.
