Una grabación de una reunión celebrada el 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha destapado un presunto canal de negociación entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y dos de los máximos jefes del Clan del Golfo. En el encuentro, documentado por la revista Semana, se habrían ofrecido bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles alivios judiciales a cambio de información sobre atentados y ubicación de caletas de armas. El intermediario clave fue Manuel Antonio Castañeda, alias «Narcochofer», un policía retirado con conexiones en el mundo mafioso, quien contactó a funcionarios de primer nivel como el entonces director de la DNI, Jorge Lemus; el director de Contrainteligencia, Gustavo Arias; el exsecretario de Transparencia, Andrés Idárraga; el general (r) Luis Emilio Cardozo, en ese momento jefe del Ejército; y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los jefes del Clan del Golfo involucrados son Juan José Valencia, alias «Falcon», quien fue capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y liberado a finales de 2024, y Andrés Mauricio Vélez, alias «Fortuna», recapturado en Colombia en septiembre de 2025. Ambos exigían contraprestaciones concretas: la administración de bienes de la SAE a través de un tercero de buena fe que actuara en su beneficio, y la suspensión de las órdenes de captura que pesaban en su contra. Según la grabación, el 20 de julio de 2025, dos días después de la reunión, se produjo una entrega de armamento que incluía dos cilindros bomba, un mortero, un fusil R15 con 100 cartuchos, un dron adaptado para lanzar granadas y dos granadas de fragmentación, todo ello como resultado del intercambio de información.
Ofrecimientos desde la DNI y la defensa de Lemus
En el audio, Jorge Lemus, exdirector de la DNI, se muestra dispuesto a gestionar los bienes incautados. Ante un recordatorio de Castañeda sobre una promesa incumplida, Lemus responde: «No, no, pero yo me comprometo a que lo hacemos». En otro fragmento, al indagar qué se había ofrecido, manifiesta: «No, no, no, porque yo puedo manejar las cosas con la misma SAE, tranquilo». Lemus confirmó posteriormente los ofrecimientos, aunque los justificó como una práctica habitual para acercar fuentes en asuntos de seguridad nacional. «Esas citas siempre se dan y, obviamente, uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar; es esperando a que ellos den información, porque lo que nos interesa es la información», declaró. Sin embargo, admitió que tales ofrecimientos no hacían parte de sus funciones como director de inteligencia. Pese a ello, aseguró que no habló con la SAE ni se materializó ninguna entrega.
El intermediario Castañeda, por su parte, sostuvo que con la información entregada previamente se realizó una incautación de armas en Puerto Boyacá, Magdalena Medio, y mencionó que en Medellín se habrían de entregar armas «especiales» destinadas a un presunto atentado contra la entonces vicepresidenta Francia Márquez. A su vez, Andrés Idárraga, el general (r) Luis Emilio Cardozo y Augusto Rodríguez aceptaron haber tenido contactos con Castañeda pero negaron la existencia de un pacto formal. Idárraga detalló que transmitió al presidente Petro el pedido de la fuente sobre el cambio del administrador de un predio de la SAE incautado a un criminal, y que Petro derivó el asunto a la directora de la SAE, Angie Rodríguez, y al general (r) Humberto Guatibonza. Cardozo confirmó que recibió información sobre un plan de atentado contra el presidente Petro en el departamento de Magdalena y que la remitió a las Fuerzas Especiales, lo que derivó en el hallazgo de un fusil en Santa Marta.
«Yo a este muchacho lo he seguido bastante. Él habla de un alcance en la Policía que nunca tuvo. Yo con este muchacho me guardo sus reservas»
Jorge Lemus, exdirector de la DNI, refiriéndose a alias «Narcochofer»
La reunión, que se celebró en las instalaciones de la DNI, contó también con la participación de un analista del organismo que tomó notas del intercambio. En ella, Castañeda actuó como enlace directo con los jefes del Clan del Golfo. Falcon, cuyo verdadero nombre es Juan José Valencia, tenía bajo su mando a más de 225 integrantes de la organización criminal, y aunque fue liberado en Estados Unidos a finales de 2024, aún enfrenta procesos judiciales en Colombia. Fortuna, Andrés Mauricio Vélez, cumplió cuatro años de prisión en Norteamérica y tras su recaptura en septiembre de 2025, tiene abiertos procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir en el país. El escándalo revela las complejas y peligrosas líneas de comunicación entre el Estado y las estructuras criminales en busca de información estratégica, en medio de críticas por la falta de protocolos y la posible vulneración de la ley.
