Un proyecto de decreto que habría reducido los estándares de resistencia sísmica para nuevas edificaciones en Colombia, impulsado en las últimas dos semanas del gobierno de Gustavo Petro, generó un fuerte rechazo entre expertos en ingeniería estructural. La iniciativa, que buscaba hacer obligatorio el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Fundación Global Empowerment Mission (GEM), fue conocida apenas días antes del sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el más grave en 27 años. El borrador, firmado por el entonces ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la directora del Dapre, Nhora Mondragón, estaba en etapa final de consulta pública —del 21 de julio al 4 de agosto— y llegó a Presidencia el 6 de agosto, pero no contaba con la firma del Ministerio de Vivienda, lo que generó dudas sobre su legalidad.
El proyecto de decreto pretendía sustituir parcialmente la Norma Sismo Resistente NSR-10, vigente desde 2010, al adoptar un único modelo oficial de amenaza sísmica. Según críticos como Gabriel Bernal, profesor de la Universidad Nacional, y Daniel Mauricio Ruiz, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, el texto reducía los coeficientes de diseño sísmico, lo que obligaría a los ingenieros a calcular estructuras con fuerzas menores. «Al reducir esos coeficientes, las edificaciones tendrían que diseñarse para fuerzas menores y, por lo tanto, contarían con una menor resistencia ante futuros terremotos», advirtió Bernal, quien además señaló que el borrador se basaba en la Ley 1523 de 2012, cuando la ley aplicable es la 400 de 1997, lo que lo hacía jurídicamente cuestionable.
Un modelo que excluía a la academia
El modelo en cuestión fue desarrollado entre 2016 y 2020 por el SGC y la GEM, y adoptado internamente por el Servicio Geológico mediante la Resolución D-080 de 2020. Sin embargo, los críticos denuncian que el decreto pretendía validar ese único modelo oficial, excluyendo los aportes de universidades y consultores privados. Daniel Mauricio Ruiz fue contundente al calificar la iniciativa como «un peligro para la ciudadanía». En sus declaraciones, el académico recordó lo ocurrido el 10 de agosto: «Si teniendo una normativa sismorresistente pasó lo que pasó el 10 de agosto, imagínese lo que implicaría que se diseñen edificios para condiciones en las cuales las fuerzas sísmicas sean inferiores». De haberse expedido, el decreto habría reducido el tamaño de vigas, columnas y acero en las nuevas construcciones, aumentando el riesgo de colapso ante un terremoto.
«Al reducir esos coeficientes, las edificaciones tendrían que diseñarse para fuerzas menores y, por lo tanto, contarían con una menor resistencia ante futuros terremotos»
Gabriel Bernal, profesor Universidad Nacional
El cambio de gobierno, con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, y el impacto del sismo del 10 de agosto, paralizaron el proceso. Expertos consultados coinciden en que la nueva administración hace improbable la expedición de este decreto. Mientras tanto, la comunidad académica y los ingenieros estructurales siguen advirtiendo sobre los riesgos de debilitar una norma que, pese a sus limitaciones, ha demostrado ser clave para la seguridad de las construcciones en un país sísmicamente activo como Colombia.
