En una movida de último minuto, a menos de 20 días de que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno colombiano publicó un borrador de resolución clave para evitar que Estados Unidos imponga aranceles de entre el 10% y el 12% a productos colombianos. La medida, gestada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca que todos los operadores de comercio exterior del país identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos de trabajo forzoso en sus respectivas cadenas de suministro, un requisito exigido por Washington para no aplicar la sanción comercial.
La iniciativa surge como respuesta directa a la propuesta del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que solicitó gravar las importaciones de más de 60 países, entre ellos Colombia, China, la Unión Europea, México y Ecuador, por la presunta falta de medidas contundentes contra la importación de bienes producidos bajo condiciones de trabajo forzoso. Con este borrador, el Ejecutivo colombiano busca demostrar su compromiso y evitar un impacto económico significativo, ya que los aranceles propuestos oscilan entre el 10% y el 12% para las naciones señaladas.
Un enfoque preventivo con trazabilidad empresarial
El texto del borrador, dado a conocer a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), establece un mecanismo preventivo que obliga a las empresas a actuar con debida diligencia, trazabilidad y autorresponsabilidad empresarial antes de que sus bienes ingresen a los trámites oficiales de comercio exterior. El Ministerio de Comercio será el encargado de recibir, analizar y valorar denuncias, reportes, peticiones e información sobre posibles bienes producidos con trabajo forzoso en cualquier etapa de la cadena, ya sea en extracción, cultivo, producción, manufactura, transformación, ensamblaje o transporte.
Para evaluar estos reportes, se aplicará el estándar de “motivos razonables”, que implica analizar información objetiva, verificable y suficiente. La cartera ministerial podrá utilizar datos de autoridades nacionales o extranjeras competentes, informes de organismos internacionales, decisiones judiciales o administrativas relacionadas con trabajo forzoso, trata de personas, esclavitud o servidumbre, así como información propia de la Vuce o del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo. Sin embargo, el documento aclara un punto crucial para los empresarios.
“La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio”
Texto del borrador de resolución, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Con esta acción, el Gobierno de Gustavo Petro busca alinear a Colombia con las exigencias internacionales en materia de derechos laborales y comercio justo, justo cuando la administración estadounidense ha puesto la lupa sobre las cadenas de suministro globales. El periodo de comentarios públicos para la propuesta de aranceles por parte del USTR aún está abierto, y la publicación de este borrador representa el principal argumento de Colombia para ser excluido de la lista de países sancionados, en un momento de alta tensión comercial y diplomática a pocos días del cambio de mando en el país.
