La Comisión Asesora de Política Criminal quedó en completa incertidumbre. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, pidió la renuncia protocolaria a los 10 integrantes de este órgano consultivo, en una decisión que se conoció este 26 de agosto y que responde, según el propio comunicado oficial, al cambio de liderazgo en la cartera. El nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, tomó las riendas del despacho y, en ese contexto, la administración decidió activar la facultad que le otorga el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014 para solicitar la remoción de los miembros actuales y así eventualmente renovar la conformación del comité.
La comunicación fue enviada a los académicos y juristas que integran el organismo. Se trata de Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte. Todos ellos trabajan ad honorem, con periodos de dos años, y su labor consiste en emitir conceptos técnicos, elaborar diagnósticos sobre la realidad carcelaria y evaluar proyectos normativos en materia penal y penitenciaria. Pese a que su tarea es crucial para el diseño de la política criminal del Estado, la decisión del Ejecutivo no se basó en criterios técnicos o de desempeño, sino en la necesidad de recomponer el equipo tras la llegada de Cancino al Ministerio.
La sombra del proyecto de sometimiento
La salida de estos diez miembros se produce en un momento de profundos debates al interior del Gobierno. Varias fuentes consultadas por esta redacción coinciden en que el Ministerio de Justicia se prepara para radicar un proyecto de ley de sometimiento dirigido a grupos armados organizados. La iniciativa, que busca ser una herramienta clave en la estrategia de paz del gobierno de Espriella, no incluiría entre sus disposiciones beneficios de excarcelación para condenados ni reconocimientos de tipo político a los integrantes de estas estructuras. Este endurecimiento del discurso podría chocar con las posturas más garantistas que han caracterizado a algunos de los miembros salientes de la Comisión, quienes en reiteradas ocasiones han abogado por la humanización de las penas y por encontrar soluciones estructurales a la crisis del sistema carcelario colombiano.
En el oficio de la Secretaría Técnica, al que tuvo acceso esta casa periodística, se lee: «Sobre el particular, nos permitimos informar formalmente que, desde el presente mes de agosto del año en curso, el Doctor Iván Cancino ha asumido el liderazgo de esta cartera ministerial. En atención a lo anterior, y haciendo uso de las facultades y potestades reglamentarias atribuidas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014 el cual regula la conformación, funcionamiento y potestades de nominación relativas a la Comisión Asesora de Política Criminal, de la manera más respetuosa nos permitimos solicitarle la remisión de su renuncia protocolaria al cargo de miembro actual de dicha Comisión».
«Sobre el particular, nos permitimos informar formalmente que, desde el presente mes de agosto del año en curso, el Doctor Iván Cancino ha asumido el liderazgo de esta cartera ministerial. En atención a lo anterior, y haciendo uso de las facultades y potestades reglamentarias atribuidas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014… nos permitimos solicitarle la remisión de su renuncia protocolaria al cargo de miembro actual de dicha Comisión»
Oficio de la Secretaría Técnica de la Comisión Asesora de Política Criminal
La decisión deja en el limbo el futuro inmediato de los proyectos y conceptos que la Comisión tenía en curso. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han manifestado su preocupación por lo que consideran una pérdida de independencia técnica en un tema tan sensible como el de la política criminal. La renovación total de la Comisión, que debe darse bajo los parámetros del decreto que la regula, se convierte ahora en el primer gran reto que deberá asumir el ministro Cancino, quien asume con la delicada misión de articular las nuevas directrices gubernamentales con las voces expertas que acompañan la toma de decisiones.
Este movimiento en el sector justicia también coincide con otras decisiones de alta repercusión en el gabinete. El mismo gobierno relevó a Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el pasado 14 de septiembre, designando en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado Nivia. La salida de Valencia se vinculó directamente con la revisión de los indicadores oficiales y con el incumplimiento de la Directiva Presidencial 001, un documento cuya existencia y contenido no han sido detallados por la casa de Gobierno, pero que habría generado fuertes tensiones internas. La renovación de los equipos en áreas técnicas y de asesoría, sumada a la llegada de nuevos cuadros en ministerios estratégicos, dibuja un escenario de reorganización profunda en el ejecutivo, mientras el gobierno de Espriella define el rumbo de sus banderas en materia de paz, justicia y política criminal.
