El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos, lo que representa un incremento del 10% frente al proyecto de 575 billones que la administración anterior había presentado y que fue devuelto por el Legislativo. La cifra, sin precedentes desde 2019, se da en medio de una crisis fiscal que proyecta una deuda neta equivalente al 67,3% del Producto Interno Bruto (PIB), con más de 100 billones de pesos destinados exclusivamente al pago de obligaciones financieras.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fue el encargado de poner en marcha el proceso legislativo que deberá cumplir con un calendario de debates definido: antes del 14 de septiembre se realizarán las discusiones en las Comisiones Económicas, el 15 de septiembre se fijará el monto definitivo, el 25 de septiembre se cumplirá el primer debate en plenarias de Senado y Cámara, el 1 de octubre se votará en las plenarias y, a más tardar, el 20 de octubre a medianoche deberá estar expedido el presupuesto. Si el Congreso no logra aprobarlo antes de esa fecha límite, regirá automáticamente el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda.
Un ajuste que saca a la luz gastos ocultos
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo explicó que el nuevo monto no responde a una intención del Gobierno actual de aumentar el gasto, sino a la necesidad de visibilizar compromisos que, según él, fueron escondidos durante la administración de Gustavo Petro. “El nuevo monto del presupuesto se explica, no porque el Gobierno quiera elevar el programa de gastos, sino porque está sacando a la superficie infinidad de gastos que la administración Petro había escondido irresponsablemente debajo del tapete”, señaló Restrepo. El economista Giovanni Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, coincidió en que el ajuste del 10% es técnicamente viable, aunque advirtió que la razón de fondo podría estar en una transición deficiente entre gobiernos. “Lo que pudo haber pasado es que malos procesos de transición entre los dos gobiernos hicieron que, al revisar cómo estaba realmente el país en materia fiscal, el nuevo gobierno tuviera que ajustarlo así, pues muy seguramente encontró contratos y proyectos ya amarrados que dificultaban cumplir la bandera de austeridad”, afirmó Hernández.
Señales a los mercados y opciones de financiación
Para el profesor Hernández, el incremento presupuestal no representa necesariamente una señal negativa si se inscribe en una estrategia de estabilización fiscal a tres años. “Si ese aumento está atado a una política seria de desarrollo económico, austeridad y estabilización en los próximos 3 años, la señal hacia los inversionistas es todo lo contrario a negativa”, indicó. Incluso sugirió que una comunicación clara del Gobierno sobre la necesidad del ajuste podría mejorar la calificación crediticia del país. Sin embargo, el economista reconoció que el panorama es complejo. “El Gobierno actual tiene muy poco margen, es decir, tendría que hacer una reforma para estabilizar el país, pero que pueda tener posibilidades de sacar ingresos por otro lado va a ser muy, muy difícil”, sostuvo. Como vías de financiación mencionó la combinación de una reforma tributaria moderada y la emisión de deuda a muy largo plazo. “Por lo tanto, podría ser un componente doble. Es decir, hacer una reforma tributaria no tan dura, pedir deuda muy largo plazo para que cuando el país vuelva a estabilizarse y vuelva a generar riqueza, podamos pagar esa deuda relativamente rápido”, detalló.
“No veo esta propuesta tan riesgosa, porque los mercados ya saben que el país quedó en una posición muy complicada por el fuerte incremento del gasto del gobierno anterior, y están esperando qué hace el nuevo gobierno”
Giovanni Hernández, economista, Universidad de La Sabana
Frente a la posibilidad de vender empresas públicas rentables como fuente de ingresos, Hernández advirtió que “a muchas personas no le gusta vender empresas del Estado porque se pierden ingresos futuros que puedan generar esas empresas”. Y sobre el escenario extremo de un impago, sentenció: “Entrar en default sí sería una señal catastrófica porque comunica que un país no tiene la capacidad para pagar deuda”. Con un margen fiscal tan estrecho y la sombra de una deuda pública que ya supera dos tercios del PIB, el Congreso tiene ahora la palabra para definir si avala el presupuesto récord o si, por el contrario, introduce modificaciones que permitan un equilibrio más austero. El reloj corre hasta el 20 de octubre.
