En una decisión que marca un hito en la política de austeridad del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro eliminó mediante decreto la prima especial de servicios que percibían los congresistas, lo que reducirá el salario mensual de los nuevos legisladores en aproximadamente 18,1 millones de pesos a partir del 20 de julio, cuando inicie el nuevo periodo legislativo. La medida, que modifica el régimen salarial establecido en el Decreto 2170 de 2013 y la Ley 4 de 1992, aplicará exclusivamente para los senadores y representantes electos el pasado 8 de marzo, sin efecto retroactivo para los actuales congresistas.
Con esta decisión, el salario bruto mensual de los legisladores pasará de 55,1 millones de pesos a 37 millones de pesos, mientras que el ingreso neto, una vez aplicados los descuentos de ley, se reducirá de 32,8 millones a 22 millones de pesos. El Gobierno estima que el ahorro anual para el Estado será de aproximadamente 62.000 millones de pesos, recursos que, según el decreto, se enmarcan en los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad.
Una prima creada en 2013 y ahora eliminada por insostenible
La prima especial de servicios fue creada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, con el objetivo de reemplazar las primas de localización, vivienda y salud que hasta entonces recibían los congresistas. Representaba aproximadamente un tercio de la remuneración total de los legisladores y se consideraba factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hacía necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio.
En el decreto gubernamental se advierte que «la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país», y se afirma que esta situación «hace imposible el cierre de brechas» planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. El presidente Petro, en su cuenta de X, fue contundente al justificar la decisión: «Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas».
«La evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad».
Decreto gubernamental
Consecuencias y posibles demandas ante el Consejo de Estado
Si bien la medida representa un alivio fiscal significativo, la decisión del Ejecutivo ya enfrenta cuestionamientos legales. Demandantes advierten que la eliminación de la prima podría afectar a otros altos funcionarios cuyos ingresos están vinculados a la remuneración de los legisladores, y se han presentado acciones ante el Consejo de Estado que ponen en duda la facultad del presidente para modificar unilateralmente el salario de los congresistas. El tribunal deberá definir la legalidad del decreto y si el Gobierno excedió sus atribuciones al modificar un régimen salarial que, según algunos juristas, requiere aprobación del Legislativo.
Es importante precisar que la prima especial de servicios eliminada para los congresistas es diferente de la prima de servicios que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual sigue vigente. La medida entrará en vigor con la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, fecha en la que los nuevos legisladores asumirán sus curules con un salario sustancialmente reducido, en medio de un debate nacional sobre la equidad salarial y el gasto público en el país.
