El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 presos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en todo el país, en la que se constituye como su primera medida de seguridad tras asumir la Presidencia de Colombia. De ese grupo, 17 reclusos fueron enviados a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, donde las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya habían dispuesto un operativo con vehículos oficiales para recibirlos en la tarde del 8 de agosto, un día después de la posesión presidencial.
La decisión fue anunciada durante la ceremonia de posesión celebrada en Cali el 7 de agosto y se materializó tras un extenso consejo de seguridad que se extendió desde las siete de la noche de ese día hasta las tres de la madrugada del viernes. En esa reunión participaron el presidente de la República, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, la cúpula militar y las autoridades de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, regiones que concentran las mayores alertas de orden público del país. El mandatario dejó claro desde su primer mensaje que su administración marcará distancia con la política de Paz Total del gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro, y que los cabecillas de bandas criminales y terroristas solo tendrán dos caminos: someterse a la justicia o caer en combate.
Traslados estratégicos para desarticular el crimen desde las cárceles
El objetivo principal de este operativo, según explicaron fuentes oficiales, es impedir que los delincuentes sigan operando desde los centros de reclusión. Los presos, provenientes en su mayoría de Itagüí, fueron distribuidos en prisiones de máxima seguridad en distintos puntos del territorio nacional, y la cárcel de Palogordo, en Girón, fue uno de los destinos elegidos por su alto nivel de vigilancia. El ingreso de los 17 reclusos a este centro penitenciario se realizó pasadas las horas de la tarde, con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó un bus y una camioneta del Inpec estacionados en la puerta de la prisión para garantizar la custodia de los trasladados.
La medida se da en un contexto de alerta máxima en la región, pues el 6 de agosto, es decir, un día antes de la posesión presidencial, fue asesinado un funcionario del Inpec a las afueras de la misma cárcel de Palogordo. Por ese crimen, el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables. La seguridad en la zona se ha reforzado con controles que incluyen apoyo aéreo y vigilancia especial sobre la vía Panamericana, en particular el corredor entre Cauca y Valle del Cauca, considerado estratégico para el transporte y también para las estructuras criminales que se disputan el control de esa ruta.
«Con firmeza para recuperar la seguridad»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El nuevo presidente se ha referido a su gestión como el inicio de «una nueva etapa» para el país, en la que la seguridad será la piedra angular de su gobierno. En su cuenta de X, Espriella señaló que su administración trabajará para «alcanzar la grandeza que durante tanto tiempo le fue negada» y aseguró que Colombia «se levantará y se reconciliará para construir la patria milagro». En línea con esa promesa, la Gobernación de Pasto y el alcalde de esa ciudad, Nicolás Toro, han recibido instrucciones de presentar en un plazo de 15 días un plan estratégico de seguridad, mientras que cuatro municipios de Nariño mantendrán medidas especiales de control debido al alto riesgo de afectación por grupos armados.
Los traslados de esta semana representan apenas el comienzo de una ofensiva que, según el Gobierno, se extenderá a otras cárceles del país y que busca desarticular las redes de extorsión y criminalidad que operan desde los penales. Con estas acciones, la administración de Abelardo de la Espriella intenta enviar un mensaje contundente a las organizaciones ilegales: la nueva etapa no les dejará espacio para operar y el Estado recuperará el control territorial y penitenciario con toda la fuerza disponible.
