El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, salió al paso de las críticas generadas por la asignación inmediata de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, tras su regreso a Colombia el pasado 16 de julio. A través de su cuenta en la red social X, Bolívar defendió el trámite exprés y rechazó los señalamientos de medios como Noticias RCN y Revista Semana, así como las objeciones del sindicato de trabajadores de la UNP, que cuestionaron la falta de un estudio de riesgo previo antes de otorgar la protección.
La controversia se originó luego de que la UNP, mediante un procedimiento de emergencia, asignara a Coral una camioneta Toyota modelo 2018 como parte de su esquema de seguridad. Wilson Javier Devia, directivo del sindicato Analtraseg, calificó la decisión como un «favor político» y señaló que la facultad discrecional del director de la UNP debe estar sustentada en situaciones de riesgo inminente y amenaza demostrada, algo que, según su criterio, no se cumplía en este caso. Sin embargo, Bolívar argumentó que no era procedente esperar los trámites administrativos habituales, como el estudio de riesgo, porque Coral estaba en la «mira directa» de quien lo hizo deportar y había prometido «destriparnos».
La defensa de Bolívar y el contexto de Coral
Gustavo Bolívar, quien fungió como director del DPS, expresó su indignación ante las críticas con un mensaje contundente: «TAN BONITOS ¿Y qué querían? que a Beto Coral, en la mira directa de quién lo hizo deportar y prometió destriparnos, lo dejáramos sin seguridad una semana mientras le hacían el estudio? ¿O mientras le hacían la vuelta? Sí cómo nooo». La declaración refleja la postura del exfuncionario, quien considera que la urgencia del caso justificaba la activación del mecanismo de protección inmediata contemplado en el Decreto 1066 de 2015, el cual permite al director de la UNP adoptar medidas de emergencia sin necesidad de un estudio de riesgo previo, siempre que exista un peligro grave para la vida o integridad de la persona.
Beto Coral, quien permaneció once años en Estados Unidos, solicitó asilo político y luego renunció al proceso, regresó a Colombia en un vuelo humanitario. Antes de su retorno, anticipó que daría detalles sobre su detención y los tratos recibidos bajo custodia estadounidense, lo que añadió un componente de controversia política a su caso. El sindicato de la UNP denunció que la protección fue asignada «exprés» sin que se conociera la resolución del estudio de riesgo, que normalmente forma parte del procedimiento. No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que la Dirección de Evaluación del Riesgo no participa en la decisión inicial de emergencia, sino que realiza la evaluación técnica posteriormente, lo que respalda la legalidad de la medida adoptada por la UNP.
«TAN BONITOS ¿Y qué querían? que a Beto Coral, en la mira directa de quién lo hizo deportar y prometió destriparnos, lo dejáramos sin seguridad una semana mientras le hacían el estudio? ¿O mientras le hacían la vuelta? Sí cómo nooo»
Gustavo Bolívar, exdirector del DPS
El representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, se sumó a las críticas, y el medio Revista Semana difundió sus objeciones junto con las de Analtraseg. Mientras tanto, Coral informó que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo y posteriormente renunció a ese proceso para retornar a Colombia. La polémica en torno a su esquema de seguridad exprés refleja las tensiones entre la necesidad de proteger a personas en riesgo inminente y los procedimientos administrativos establecidos, un debate que el exdirector del DPS zanjó con su defensa apelando a la urgencia y la amenaza directa que, según él, enfrenta el activista.
