En un nuevo capítulo del debate sobre la laicidad del Estado colombiano, el presidente del Senado y del Congreso, Honorio Henríquez, presentó un recurso de impugnación contra la orden judicial que le exige ofrecer excusas públicas por el acto religioso incluido en la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto. La decisión del alto funcionario, que actúa como representante institucional del Legislativo para la legislatura 2026-2027, se da luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ya cumpliera con esa misma exigencia el pasado 30 de agosto mediante una alocución transmitida a nivel nacional. Henríquez fundamenta su recurso en cuatro pilares: la inviolabilidad parlamentaria, la separación funcional del poder y autonomía del Congreso, la distribución orgánico-funcional de competencias establecida en la Ley 5ª de 1992 (artículo 43, numeral 7) y la correcta subsunción del principio de laicidad. Según su argumentación, el fallo le atribuye una responsabilidad personal por decisiones tomadas dentro de una sesión parlamentaria y condiciona de antemano el contenido de una futura intervención institucional.
El fallo judicial en cuestión concluyó que el acto religioso realizado durante la toma de posesión vulneró la neutralidad religiosa y el carácter laico del Estado, ordenando no solo las excusas públicas, sino también el compromiso de no promover prácticas religiosas en actos oficiales y la expedición de una directiva presidencial. Mientras que el presidente De la Espriella ya ofreció disculpas y se comprometió a respetar la separación entre la Iglesia y el Estado, la impugnación de Henríquez busca anular la obligación que recae directamente sobre él y modificar el alcance de la orden respecto a futuras intervenciones institucionales. La fecha límite fijada por el juzgado para presentar las excusas fue el 30 de septiembre de 2026, un plazo que ahora queda en suspenso mientras se resuelve el recurso.
Las disculpas presidenciales y el recurso de Henríquez
En su alocución del 30 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella reconoció su identidad como creyente y católico, pero aseguró respetar la separación entre la Iglesia y el Estado. «Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna», declaró el mandatario. Sin embargo, Henríquez sostiene que, al actuar como presidente del Senado y del Congreso conforme a la Ley 5ª de 1992, no lo hizo a título personal, sino como representante de una corporación autónoma. El recurso de impugnación, presentado ante el despacho judicial con el radicado del caso, argumenta que la orden vulnera la inviolabilidad parlamentaria y la autonomía del Congreso, al judicializar decisiones propias de la organización interna de la corporación.
Precedente sobre los límites judiciales al Parlamento
De prosperar la impugnación, podría anularse la obligación de Honorio Henríquez de ofrecer excusas y modificar el alcance de la orden sobre futuras intervenciones institucionales, sentando un precedente clave sobre los límites de la judicialización de actos parlamentarios. La decisión del alto tribunal que resuelva el recurso definirá si las decisiones tomadas en el marco de las sesiones del Congreso pueden ser revisadas judicialmente o si, por el contrario, están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Mientras tanto, el presidente De la Espriella ya ha cumplido con la parte que le corresponde, incluyendo la emisión de una directiva presidencial que prohíbe expresiones religiosas en eventos oficiales. El debate sobre la laicidad del Estado colombiano y la autonomía de sus instituciones queda así en manos del poder judicial, que deberá ponderar los principios constitucionales en juego.
«Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna»
Abelardo de la Espriella, presidente de la República, en alocución presidencial del 30 de agosto de 2026
La controversia, que enfrenta al poder Judicial con el Legislativo, se suma a un escenario político ya complejo, en el que las interpretaciones sobre la laicidad estatal y la autonomía parlamentaria marcan la agenda institucional. Mientras el recurso de Henríquez avanza en los despachos judiciales, el Congreso reafirma su postura de defensa de sus prerrogativas históricas, y la ciudadanía observa atenta el desenlace de un caso que podría redefinir los límites entre fe, Estado y política en Colombia.
